El INAES dispuso la intervención de la Cooperativa de Portuarios que manejaba el sindicalista Herme Juárez

El INAES solicitó, días atrás, la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, que manejaba el sindicalista Herme Juárez, actualmente detenido. El juez federal de Campana, González Charvay, hizo lugar a esta solicitud y dispuso la intervención de la entidad. El doctor Juan José Schaer, abogado de la ciudad de Buenos Aires, fue designado interventor.

De este abogado solo se sabe que tiene “experiencia en el manejo de corporaciones multinacionales”, según lo señala el anuncio oficial. Lo más lógico hubiera sido la designación de un profesional conocedor de la temática cooperativa, pero es sabido que en Argentina las cosas nunca son como deben ser…

En los argumentos del pedido de intervención, el INAES señala que de la investigación realizada surge que “se habría llevado a cabo un uso indebido de los recursos con los que cuenta la entidad, ya que el fin perseguido no fue prestar servicios a sus asociados ni contribuir al bienestar y progreso de la comunidad en la que se encuentra inserta, sino obtener un provecho mal habido por parte de sus autoridades”.

El Juez González Charvay, por su parte, señala que “el pedido de intervención judicial por parte del INAES se ha realizado en el marco de la causa principal, en trámite ante este Juzgado a mi cargo, y con motivo del resultado de la investigación allí llevada a cabo e informada mediante sendos oficios al Instituto peticionante. Es decir que, el presente requerimiento se efectúa ante este Juzgado como consecuencia lógica de lo acontecido en la causa de origen y por el grado de conocimiento que se tiene al respecto”, justifica el magistrado.

El juez también justifica la decisión de intervenir la cooperativa y nombrar el interventor antes de que la causa empiece a ser analizada por el nuevo juez (sería Carlos Vera Barros) en que “frente a la situación extrema y urgente que se advierte por ser dicha Cooperativa la única que prestaría servicio en Puerto San Martín, importando ello la posibilidad cierta de generar inactividad del mismo como la de perjudicar el normal desenvolvimiento de la actividad de los trabajadores y cobro de sus sueldos”.

Asimismo, se expresa en la argumentación que “el INAES pretende realizar las acciones necesarias para el saneamiento de la operatoria de la entidad y el retorno de la misma a su normalidad institucional, como así también salvaguardar los derechos de los socios, garantizando el cumplimiento del objeto social de la cooperativa en pos de no interrumpir ni entorpecer el trabajo que efectúan diariamente los mismos. En razón de ello y la urgencia del caso, corresponde en principio asumir el tratamiento de la intervención judicial solicitada en el marco de las investigaciones penales llevadas a cabo, en las que el suscripto ha intervenido en modo prevencional”.

En lo que respecta al alcance de la intervención, se indicó que será por 6 meses y a los 30 días el interventor, que tendrá la administración plena de la Cooperativa, deberá presentar un informe. En concreto, su misión será normalizar la institución manteniendo la continuidad de los servicios. El juez también intervino la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo, que conduce un hermano de Juárez y en la práctica era una subsidiaria de la de Puerto San Martín. Similar decisión se adoptó con una mutual que también era manejada por Herme Juarez.