Desde el oficialismo, se registra una feroz embestida contra las entidades de la economía social

Escribe ROBERTO MOLINA

Es evidente que desde ámbitos oficiales hoy estarán comentando: “Les llegó el turno a las mutuales y a las cooperativas”. No cabe otra deducción, frente a la feroz embestida que están encarando los gobiernos nacional y bonaerense contra las entidades de la economía social, en el marco de la voracidad fiscal existente para cubrir déficits, a lo que se suma el proyecto gubernamental de reforma tributaria.

El gobierno está desconociendo la naturaleza de las mutuales y cooperativas, como así también las normativas que las amparan, y está embistiendo contra ellas para equipararlas con las empresas lucrativas. La imperiosa necesidad de recaudar hace que los funcionarios incurran en una ceguera, que los lleva a ignorar la vigencia de normativas, algunas de las cuales han tenido dictámenes favorables del más alto tribunal de justicia de la Nación.

Pero nada de eso parece tener importancia para el gobierno nacional. Ya tuvo que dar marcha atrás con su proyecto de gravar impositivamente al vino, ante la cerrada oposición de Coninagro, Fecovita y Acovi (las organizaciones cooperativas del sector), apoyados por el gobierno de la provincia de Mendoza.

EL OBJETIVO PRIORITARIO ES RECAUDAR, PASANDO
POR ARRIBA DE LAS NORMATIVAS EN VIGENCIA

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Maria Eugenia Vidal vuelve a insistir, por segunda vez, en su proyecto de Ley Impositiva 2018, con su propósito de aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos a las cooperativas. También embiste contra las mutuales. Lo intentó el año pasado y el Congreso bonaerense se lo rechazó. Exactamente lo mismo hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en los últimos tres años de su gobierno. Y también fracasó en su intento.

Y este año, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires seguramente va a proceder a rechazar esta nueva embestida de la mandataria. Y a propósito de Maria Eugenia Vidal, es evidente su escasa simpatía por el cooperativismo, a juzgar por los reiterados vetos que generó a leyes de expropiación aprobadas por el Congreso bonaerense, para que se les otorgue a cooperativas de trabajo los inmuebles de empresas recuperadas.

En todos los casos, los trabajadores habían expresado la decisión de pagar ellos el costo de la expropiación y no el gobierno provincial. Pero la gobernadora no dio la más mínima posibilidad de que eso sucediera y hasta procedió, en algún caso, a entregar a los propietarios que habían abandonado la empresa, los bienes de la misma (¡¡??).

Frente a tantos hechos concretos, no es incoherente la expresión de que esto se trata de una feroz embestida gubernamental contra las entidades de la economía social. La animosidad recaudatoria está por arriba de cualquier normativa vigente. Y en función de ello, el oficialismo avanza con ese propósito.