Frente a la ilegalidad de varios artículos del Presupuesto Nacional, los funcionarios asumieron la actitud de sordos y ciegos…


Escribe ROBERTO MOLINA

El mutualismo y el cooperativismo están librando una gran batalla cuyo objetivo central es la eliminación o, por lo menos, la modificación del controvertido artículo 85, que ilegalmente el gobierno argentino ha incluido en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019.

Este artículo afecta directamente a las entidades de la economía social, porque con él se pretende eliminar las exenciones que poseían por ley en lo referido al impuesto a las Ganancias. Está claro que las mutuales y las cooperativas no pueden pagar este pretendido gravamen, por el simple hecho de que no tienen ganancias.

El gobierno incluyó, deliberadamente, en el proyecto de ley de Presupuesto varios artículos que son ilegales. Esto es asi porque según la ley 24156, que es la Ley de Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 20 determina que el presupuesto, “… no podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos…”.

Y con este artículo, el gobierno está imponiendo un tributo a las mutuales y cooperativas, cosa que no puede hacer… Lo más grave es que no solo no lo puede hacer, sino que no se preocupa por corregir la situación. Es decir, eliminar o modificar el cuestionado artículo 85.

Pero a esta actitud caprichosa del gobierno, de no querer corregir lo que está mal, se suma la actitud de no querer ver lo que le muestra la realidad. Concretamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), creada por Ley 27343, elaboró un contundente dictamen sobre el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.

En dicho informe se estableció que era “importante mencionar que el artículo 85 y muchos otros, no cumplen con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24156, dado que no se relacionan directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Las modificaciones propiciadas por dichos artículos deberían impulsarse a través de otras normas legales”.

Los propios organismos del Estado le están advirtiendo al gobierno sobre la ilegalidad de algunos proyectos de ley enviados por el oficialismo a la Legislatura Nacional. Pero los altos funcionarios estatales han asumido la actitud de sordos y ciegos…