La Cooperativa Cruz Azul, de México, envuelta en una serie de denuncias de corrupción de sus directivos

Con sus más de 80 años, la Cooperativa Cruz Azul podría verse como un caso de éxito del cooperativismo en México: es una de las principales productoras de cemento en el país, tiene un equipo de futbol y un hotel cinco estrellas. Pero hay otra realidad. Recursos de la cooperativa se han destinado a un grupo de empresas que facturan por supuestos servicios de “consultoría”, “relaciones públicas” o “procesos administrativos”. La imagen de la corrupción se ha instalado en esta entidad, que es la más importante del pais azteca.

Según las referencias obtenidas, durante varios años sus directivos sacaron millones de dólares de la cooperativa para llevarlos a paraísos fiscales. El grupo de cooperativistas que ha demandado la destitución del presidente de la entidad, Guillermo Álvarez, señalan, entre otras cosas, que este dirigente ha gastado millones de pesos, que pertenecen a la cooperativa, para el pago de sus abogados.

En una plaza comercial de Metepec, Estado de México, en donde no hay más de 12 locales comerciales distribuidos en la planta baja y en dos pisos, están las oficinas de Aura Desarrollo Social y Corporativo Facundia, dos empresas que por una consultoría cobran entre dos y seis millones de pesos.

En la ciudad de Puebla, en una construcción de un piso con pintura marrón desgastada y accesorias en su planta baja, está la oficina de Attar 2715 S.C, otra empresa que también cobra entre dos y cinco millones de pesos por una consultoría.

Esas han sido las cantidades que la Cooperativa Cruz Azul pagó a estas tres compañías y a, por lo menos, otras 12 empresas más que en su mayoría tienen como objeto social “la prestación de servicios de oficina, administración y operación a personas físicas y morales”.

Por lo menos desde 2016, la dirección general de Cruz Azul ha autorizado el pago de cantidades millonarias a empresas que facturan por servicios de “consultoría”, “relaciones públicas”, “procesos administrativos” y “manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento”.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas diferentes por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Estos documentos muestran que desde enero de 2016 y hasta finales de 2017 salieron, al menos, 191.768.000 pesos de la cooperativa a través de esas empresas.

Buena parte de estas compañías tienen entre sí coincidencias: seis de ellas se crearon entre enero y febrero de 2015. Algunas se constituyeron en notarias de la ciudad de Puebla, pero sus domicilios fiscales están en Metepec, Estado de México. Otras comparten al mismo representante legal. Y varias tienen sus oficinas en pequeñas plazas comerciales.

Una de esas empresas, Attar 2715 S.C, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. Además, en enero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas.

Los pagos millonarios a estas empresas han sido autorizados por Guillermo Álvarez Cuevas, quien desde hace 31 años ocupa el cargo de director general de la Cooperativa Cruz Azul, una de las principales productoras de cemento del país, dueña de un equipo de futbol y de un hotel cinco estrellas en Ixtapa Zihuatanejo.

La Cooperativa Cruz Azul se constituyó en 1931. Hoy, con cerca de 800 cooperativistas, es una de las principales productoras y comercializadoras de cemento en el país: su producción anual es cercana a los 10 millones de toneladas.

Además de sus cuatro plantas de producción de cemento —ubicadas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes— la Cooperativa Cruz Azul también tiene un hotel cinco estrellas, un equipo de futbol de primera división y otros negocios.

A principios de la década de los 60, los entonces socios de la cooperativa destinaron una parte de su dinero a la creación del equipo de futbol Cruz Azul que, en muy poco tiempo, llegó a la primera división.

En 1964, la cooperativa —entonces dirigida por Guillermo Álvarez Macías— constituyó la asociación civil Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, la cual se encarga de manejar el tema del futbol. Desde entonces, cada año, la cooperativa destina un presupuesto al equipo. Aún así, cooperativistas consultados no recuerdan una asamblea en donde se les haya informado sobre las finanzas del Cruz Azul, las regalías por la explotación comercial de la marca o los contratos por los derechos de transmisión televisiva de los partidos.

A los socios de la cooperativa no se les ha entregado un informe detallado sobre las finanzas del Hotel Azul Ixtapa desde 2016, ni de las otras empresas que se han creado a partir de aportaciones de los socios cooperativistas.

Tampoco se les ha presentado un informe sobre la venta de las casas del Fraccionamiento de Punta Celeste, en la delegación Tlalpan: 46 viviendas que se construyeron con recursos de la cooperativa. La venta de esos inmuebles —se les dijo— serviría para incrementar los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones. Pero, hasta febrero de 2019, los cooperativistas no sabían si esto sucedió.

A los socios no se les han entregado informes detallados sobre los gastos de la cooperativa. La última vez que recibieron datos generales sobre las finanzas de la Cruz Azul fue en abril de 2017, durante una asamblea en la que mostraron cifras de 2014 y 2015.

Un informe contable sobre los gastos de la cementera mostraría que, por lo menos, desde 2016 el director general de la cooperativa ha autorizado que se paguen millones de pesos, por supuestos servicios de consultoría o de administración, a empresas que están vinculadas, que se ubican en modestos locales y que, en algunos casos, sus accionistas reportaron como domicilios casas localizadas en colonias populares.

MCCI tiene copias de facturas emitidas por esas empresas. Al buscar información sobre estas compañías se encontró que algunas de ellas comparten a una misma apoderada legal: Mónica Amelia Moreno Cuevas, quien en su perfil de LinkedIn señala que trabaja como abogada en el área jurídica de la empresa Margen Asesores S.C., desde agosto de 2013.

Cuando se habla a los números telefónicos de Margen, cuyas oficinas se encuentran en La Vista Country Club, en San Andrés Cholula, Puebla, los trabajadores confirman que Moreno Cuevas labora en este “despacho que lleva la contabilidad de varias empresas”.

La abogada Moreno Cuevas también aparece como apoderada legal en actas notariales de las empresas Aura Desarrollo Social S.A de C.V., Corporativo Facundia S.A. de C.V., y Viden Consultoría S.A. de C.V.

Estas cuatro empresas emitieron facturas para la Cooperativa Cruz Azul —con cantidades que van desde los 941.920 pesos a los 6.000.032 pesos—, por servicios de consultorías y “manejo de presupuesto estratégico para los planes de desarrollo y crecimiento”. Una de las facturas con el mayor monto la realizó Margen Asesores S.C. El 9 de noviembre de 2017 expidió un comprobante fiscal por 31.328.157 pesos por “prestación de servicios para procesos administrativos”.

Fuente:  https://contralacorrupcion.mx/juegocruzazul/?fbclid=IwAR2rwsqsxy_nC6UkH-2nUURN99CVi77omtl2cRCqLQOT2z2OyD8c7Ptt1KE