Las eléctricas piden la nulidad de la Resolución 3442/18 que establece facturación autónoma del servicio

Las cooperativas de electricidad y otros servicios públicos continúan  cuestionando, desde el momento de su aparición, la Resolución 3442/18 del INAES, a través de la cual se les impone arbitrariamente a las entidades la facturación del servicio de electricidad en forma autónoma e independiente de otros conceptos.

Se trata, indudablemente, de una absurda normativa — originada por la conducción anterior del INAES, vaya a saber por qué motivos — que ha sido cuestionada desde el momento de su aparición. Hay que tener en cuenta que el INAES debe cumplir con sus obligaciones de control, pero no puede intervenir en el manejo interno administrativo de las instituciones, en lo que respecta a cómo deben facturar a sus asociados el servicio que les brindan. Esta es una cuestión privativa de las entidades.

En razón de ello fue que ahora la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas le pidió al presidente del INAES, Mario Cafiero, la nulidad de la resolución 3442/18, que es la normativa que establece esta inconsulta medida. Desde las entidades de la economía social se ha expresado que “se trata de una imposición que desde sus inicios contó con el constante reproche del sector, centralmente por la falta de visualización de las diversas realidades locales, sociales y sectoriales”.

Los dirigentes del cooperativismo eléctrico han señalado que la norma cuestionada quita derechos a los asociados de las cooperativas a través de acciones inconsistentes con la legalidad, al impedir a aquellos que soliciten voluntariamente la prestación de otro servicio (ambulancia, sepelio, etc.) requerir, además, que se lo incluya en la facturación conjunta con el servicio eléctrico prestado en su domicilio. Adicionar tales servicios sociales hoy está prohibido.

Esto implica anomalías en el costo de los servicios, inclusive los regulados como la energía eléctrica, y la casi segura extinción de otros servicios. “Imaginemos la supervivencia del sistema de bomberos voluntarios soportado solamente por el cobro de la cuota social puerta a puerta”, expresaron a manera de ejemplo.

Para la dirigencia del sector, la resolución vigente “no sólo le coarta al asociado – usuario la libertad individual de decidir él mismo qué pagar junto al servicio eléctrico, sino que, además, denota una ausencia de mirada social profunda de la realidad actual del territorio argentino”.

“Las empresas cooperativas, propiedad de los propios asociados-usuarios, son las que les dan vida a los pequeños pueblos del interior y permiten que sus habitantes vivan con el estándar que viven los ciudadanos en las grandes urbes”, señalaron desde la Mesa.