Los asociados de Portuarios Puerto San Martín reclaman el cese de la intervención y elección de autoridades

Los asociados de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Puerto San Martín, de la provincia de Santa Fe, efectuaron manifestaciones de protesta frente a la sede de la Gobernación, acusando de vaciamiento de la entidad a los interventores y a un juez federal. Denuncian que se está permitiendo un desvió de fondos millonario.

“Llamado a elecciones ya, que se normalice la cooperativa y que no vuelvan más las intervenciones”. Con estas consignas, los asociados a la cooperativa de Trabajos Portuarios se movilizaron a la sede del gobierno provincial. El reclamo es que la entidad vuelva a sus legítimos dueños, los asociados, y que, como ellos denuncian, “se dejen de desviar fondos hacia mutuales que son en definitiva financieras con las que están haciendo negocios que desconocemos”.

LOS ASOCIADOS DENUNCIARON A LOS INTERVENTORES

Los asociados denuncian a los interventores Roberto Pasqualino, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, a Adolfo Reichemberg y al abogado rosarino Maximiliano Donadio, a quienes acusan de no querer llamar a elecciones de autoridades.

Con pancartas donde se leía “La Cooperativa es de los Trabajadores”, “Basta de intervención”, “devuelvan la cooperativa a sus legítimos socios”, y otras con acusaciones directas al interventor Pascualino y al juez Bailaque”, entre otras consignas, los trabajadores de Puerto San Martín cortaron la calle de la sede gubernamental y esperaron ser atendidos por las autoridades.

La cooperativa y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos fueron intervenidos el 1º de agosto de 2019 con motivo de la causa judicial iniciada al entonces presidente, Herme Juárez, pero el sindicato ya fue normalizado, mientras la intervención de la cooperativa “continúa y ya va por el segundo interventor”, recuerdan los trabajadores.

TAMBIÉN APUNTAN CONTRA EL JUEZ MARCELO BAILAQUE

Los dardos apuntan también contra el juez federal Marcelo Bailaque, a quien los socios denunciaron por haber habilitado las “maniobras ilegales” de los interventores, “y no sólo no hizo nada para frenar el vaciamiento, sino que permitió la fuga de 150 millones de pesos a mutuales pertenecientes a amigos que quieren hacerse cargo de la intervención”, denuncian.

Ricardo Marco, asociado de la entidad, resumió el reclamo concreto: “Queremos llamado a elecciones, regularización institucional de la cooperativa y que no haya más ninguna intervención”. El referente insistió con que “la intervención está desviando dinero a mutuales, algo que no debe hacer. Tenemos individualizadas a esas instituciones, que vienen en realidad de grupos financieros. El temor nuestro es que nos muevan a otro lugar y que con distintas medidas terminen por hacernos desaparecer”.

A su entender, “hay políticos fuertes en medio de todo esto”, algo que, aclaró, lo dice de manera genérica, sin individualizar, pero con la certeza de que la política no es ajena a toda esta situación. Marco advirtió que “el 13 de febrero se estaría terminando la intervención, y por eso nos movilizamos, para que no se queden. Tienen que llamar a elecciones, hay 4.500 personas que dependen de nuestro trabajo, y están destruyendo la cooperativa”, remarcó.

TEMEN QUE FINANCISTAS Y ASESORES VACÍEN LA ENTIDAD

Los socios temen que un un grupo de financistas y asesores someta a la entidad a un vaciamiento sin retorno, y por eso la denuncia concreta al INAES. Y aseguran que si no les devuelven la cooperativa y los fondos, no van a parar de denunciar “a cada uno de los responsables de este bochorno judicial”.

José María Ramón, capataz de estibadores, recordó que la intervención tenía la misión concreta de normalizar y llamar a elecciones. “Pero lo que estamos viendo es que se afincó para hacer sus propias líneas de negocios. Estamos horrorizados porque hablan de un fideicomiso administrativo y financiero, están haciendo negocios con una mutual de la Universidad de Buenos Aires, que no tenían que ver con los objetivos de la intervención. Queremos que nosotros, que somos los socios, tengamos la administración. Estamos en condiciones de hacernos cargo”.

A su juicio, el juez Bailaque “debería escuchar a los socios, que somos los verdaderos dueños de la cooperativa y tenemos que ocupar el consejo adminstrativo. Ya fuimos a la Justicia, fuimos a hablar con el juez, supimos que se dio autorización a la intervención para que libere fondos y esto nos tiene muy preocupados”.

Los trabajadores fueron recibidos por José Albelli y Nahum Mirad, del Inaes. “Estuvimos dialogando, les hicimos ver las condiciones en las que estábamos trabajando, la queja a la intervención, que desconoce el llamado a elecciones”, afirmó Ramón. El referente aseguró que los funcionarios les dijeron que están en condiciones de llamar a elecciones, y “prometieron interceder ante la Justicia para lograr este objetivo por el que venimos luchando”.