Escribe ROBERTO MOLINA
La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate, localidad situada en el Departamento Santa María, de la provincia de Córdoba, mantiene un prolongado conflicto con la Municipalidad de ese lugar, originado en la falta de pago de una deuda millonaria que esta comuna mantiene con la entidad solidaria que le presta el servicio energético. El conflicto mantiene un arrastre de diez años, aproximadamente.
La jefa comunal de ese lugar, Natalia Contini, ha vertido expresiones absurdas, asegurando públicamente que «la tarifa de luz en Anisacate es excepcionalmente alta, ya que es la más cara del país». Con esa expresión, pretende atribuirle a la cooperativa la causa del problema que mantiene el municipio.
Lo que parece ignorar la intendente es que las cooperativas de electricidad no son generadoras de precios, sino que simplemente trasladan a los usuarios el valor que les indica el organismo provincial que les provee el fluido.
«Esta tarea de sanear las deudas del municipio, que no se llevaron a cabo durante la gestión anterior, también implica tomar decisiones de raíz. Y si tengo dos prestadores, como EPEC y la cooperativa, y tengo que buscar el progreso de mi localidad y ser competitiva para el turismo y garantizar el bienestar de los anisacatenses. ¿Por qué elegiría al proveedor con el servicio más caro?», enfatizó Contini.
Con ello, está insinuando su propósito de intentar el cambio del prestador del servicio eléctrico en la localidad. Por eso habla de «pensar en buscar alternativas más competitivas para el suministro eléctrico».
Es evidente que la intendente está instalando ante la comunidad de Anisacate el concepto de que el servicio eléctrico que provee la cooperativa es más caro que el que brinda la empresa provincial, lo que no es real. Y lo afirma con todas las letras, al manifestar que «a nosotros nadie nos puede obligar a permanecer con un proveedor que nos sale cuatro veces más caro».
Queda claro que la intendente Contini apela a falsedades confundiendo a la comunidad con argumentos políticos que constituyen su único recurso… Y está clara, también, su intención de desplazar a la cooperativa de la prestación del servicio eléctrico en esa localidad.
Finalmente, ¿qué opinarán los asociados de la cooperativa, que son los miembros de toda la comunidad y que además son los propietarios de la entidad solidaria…?