Los legisladores nacionales Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin formularon una grave denuncia contra el presidente del INAES, Alexandre Roig, y miembros del Movimiento Evita. La acusación involucra además a Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social; Milagros Moya, Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, y Gildo Ezequiel Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti y se menciona que los denunciados giraban fondos públicos millonarios a cooperativas estrechamente vinculadas a ellos y, en consecuencia, «formarían parte de una potencial asociación ilícita». Se mencionan cifras por un monto de $ 3.836.167.660.
«UNA POTENCIAL ASOCIACIÓN ILÍCITA»
“No es casualidad que el Movimiento Evita haya buscado promover la máxima responsabilidad tanto de la Secretaría de Economía Social como del INAES, dado que son los órganos por donde el Estado fiscaliza y controla las prestaciones que dan sustento a los convenios consistentes en subsidios, como la fiscalización y control efectivo del obrar de dichas entidades”, explican los denunciantes. Y agregan: “Es relevante mencionar que las actuaciones individuales de los funcionarios y personas mencionadas, formarían parte de una potencial asociación ilícita”.
La acusación fue firmada por los legisladores de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin, y denuncian a los dirigentes y funcionarios por delitos de defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes a su cargo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
Los denunciantes sostienen que las conductas penales encuadran dentro de una organización que “fue conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”.
UN ESCÁNDALO MORAL
Dichos actos, sostienen, no solamente son ilícitos “sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido por estas conductas”.
Los hechos que denuncian suponen una transferencia ilícita y directa de recursos estatales por un monto de $ 3.836.167.660,00 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas y/o Cooperativas, etc.
Cada uno de los párrafos de la denuncia es escandaloso. Afirman que «obtienen designaciones estratégicas de los referentes del Movimiento Evita al frente de organismos públicos encargados de la asignación de recursos estatales y que son los mismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros: el círculo cierra perfectamente”.
INVESTIGAR RECURSOS DIRECCIONADOS
Los denunciantes solicitan a la justicia que se investiguen los recursos direccionados directamente a las Cooperativas y la Federación referida que: “no solamente fueron otorgados por quienes debieron abstenerse de toda intervención, sino que tampoco fueron destinados a los fines declarados, al menos parcialmente. Entendemos que existen indicios suficientes para iniciar una investigación tendiente a dilucidar primero si los distribuyeron efectivamente entre las cooperativas como fuera solicitado; luego, que dichos proyectos se hayan realizado efectivamente, que los fondos requeridos sean coherentes con los proyectos de desarrollo de las cooperativas y la Federación, y si no cuál ha sido su destino efectivo, a lo que consideramos que fueron utilizados con fines netamente políticos”.
En este contexto, señalan a Emilio Pérsico como jefe de esta supuesta asociación ilícita. Consideran que Alexandre Roig debería haberse abstenido de participar en el procedimiento interno y el otorgamiento de cada uno de los subsidios, tanto por su condición de militante del Movimiento Evita, como por su acercamiento a los diferentes miembros que integran, representan y dirigen a dichas entidades.
Respecto de Milagros Moya, Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, quien tiene a su cargo el control de Cooperativas y Mutuales: “desde su posición privilegiada, es la encargada de fiscalizar dentro de este Instituto. Una persona tan allegada al Movimiento aquí denunciado, con quien no solamente tiene un vínculo de militancia, sino de representación por su cargo de Concejal, torna imposible concebir que sea imparcial a la hora de generar el control que requiere llevar a cargo en su posición, cuando la agrupación interviniente es de la que forma parte”.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA
Afirman que existe un incumplimiento evidente a la Ley de Ética Pública debido a que los funcionarios no incluyeron su paso o actual participación en las organizaciones sociales en sus declaraciones juradas al momento de asumir, así como tampoco se excusaron de intervenir en la celebración de convenios de financiamiento para las cooperativas, fundaciones, asociaciones y federaciones que forman parte de sus movimientos sociales.
A su vez, señalan como responsables a los restantes directivos de la Federación de Cooperativas Evita. La denuncia también destaca la coincidencia del domicilio declarado por varias de las organizaciones beneficiadas por estos subsidios no reembolsables. Por ejemplo, en el edificio ubicado en Pedro Echagüe 1265, del barrio porteño de Constitución, funciona la sede de la Federación Cooperativas de Trabajo Evita, señalada en el escrito por los denunciantes.
EL JUZGADO RECOPILA PRUEBAS
Siguiendo con los detalles, también funcionan: Asociación Mutual Senderos, Asociación para la Salud Popular Comunitaria, Cooperativa de Trabajo Comunicadores Populares, Cooperativa de Trabajo Liniers, Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil y la Federación de Cooperativas de Reciclado, entre otras. También es la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que lidera Juan Grabois. El inmueble es, o era, propiedad del Estado Nacional, originalmente cedido a la Fundación Argentina de Lucha contra el Mal de Chagas.
El Juzgado realizó variadas actuaciones, intentando recopilar pruebas. Hasta ahora, en off, se pudo conocer que la forma de ganar tiempo del Ministerio es responder equivocadamente a todos los requerimientos de la justicia en términos amplios. Siguiendo con el off, también preocupa la actuación de los vocales del INAES. “Van a tener que dar respuestas porque Roig habría realizado negociaciones incompatibles, pero la responsabilidad en el otorgamiento y dar un marco de control adecuado al funcionamiento de todo el Instituto recae sobre todo el Directorio”.
Fuente:
https://www.diariopinion.com.ar/noticias/2023/05/08/43938-telefono-para-sinfo-denuncian-a-funcionarios-del-inaes-integrantes-del-movimiento-evita-ante-la-justicia-federal