Escribe ROBERTO MOLINA
En el cooperativismo argentino ha causado sorpresa e indignación la Disposición Nº 88/23, de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, organismo del Ministerio de Economía de la Nación, que establece nuevos parámetros en la categorización de las empresas como micro, pequeñas o medianas. De allí surge que la mencionada Subsecretaría ha determinado que las cooperativas no son empresas (¡¡??).
Y con ese argumento se está impidiendo a un gran número de entidades solidarias la renovación del certificado que les permite acceder a los mismos beneficios a los que accede cualquier mipyme. Lo concreto es que esta medida es contraria a la de ley de PyMES, como así también a la ley de contrato de trabajo e incluso de la propia ley de sociedades comerciales.
Evidentemente, no se ha tenido en cuenta que el texto de la vigente ley PyME, en su artículo segundo, determina que “los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas”.
Lo cierto es que como ahora la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa considera que las cooperativas no son empresas, ha determinado que el único mecanismo para incorporar a las entidades solidarias como micro, pequeñas o medianas empresas, es como «formas asociativas de PyMES», con lo cual todas las entidades deberán demostrar que sus asociados están registrados como micro PyMES (¡¡??).
Es evidente que en torno de esta controvertida Disposición Nº 88/23, el gobierno nacional ha desconocido el caracter social y solidario de las empresas cooperativas. No hay duda de que el oficialismo solo considera como empresas a aquellas que están al servicio del capital. Contrariamente, las cooperativas están al servicio de las personas.