La figura del movimiento cooperativo ha quedado seriamente golpeada, luego de que se conocieran detalles relacionados con los desmanejos que efectuara el piquetero y ex funcionario Emilio Pérsico, cuando ejerció el cargo de Secretario de Acción Social en el ex ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Concretamente, el gobierno anunció que dará de baja a más de 11.000 cooperativas tras detectar múltiples irregularidades. El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que alcanzará a organizaciones creadas entre 2020 y 2022 en las que se encontraron anomalías, como falta de presentaciones de balances y domicilios en común.
La denuncia del gobierno contra Pérsico está fundamentada en el hecho de que cuando este fue funcionario transfirió la suma de 473 millones de pesos a dos entidades cooperativas con las cuales el estaba estrechamente vinculado, por haber sido directivo de una y socio de la otra.
El vocero presidencial adelantó que “se va a retirar la autorización para funcionar a 11.853 cooperativas que habían sido suspendidas en el año 2019 y que por alguna razón el gobierno anterior decidió seguir financiando”.
Adorni mencionó que durante la administración de Alberto Fernández el padrón de cooperativas creció en 138% y que de las creadas entre 2020 y 2022 “el 70% no presentó balances ni realizó asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% usó el mismo correo electrónico para registrarse y el 9% comparte domicilio”.
El gobierno dispuso la suspensión inmediata de la posibilidad de realizar cualquier trámite ante el INAES a las 5.794 cooperativas constituidas entre 2020 y 2022 que adeudan la documentación anual ordinaria (estados contables y asambleas) y se las intimará a que presenten la documentación de las asambleas y a la aprobación de sus estados contables en un plazo máximo de 30 días”.
Capital Humano advirtió que “las cooperativas que no cumplan con este requerimiento serán suspendidas en su operatoria y se instruirá sumario para el retiro de la autorización para funcionar”.
En cambio, “para las 4.355 cooperativas constituidas en 2023 se prevé una verificación en el domicilio de las entidades con el objeto de comprobar su regular funcionamiento (en AMBA con personal del INAES y en el resto del país se solicitará a los órganos locales competentes)”.
También se aclaró que “para los casos en que haya personas, domicilios o mails repetidos en más de una cooperativa, se procederá a la verificación y suspensión de su operatoria, y a las medidas que correspondan en cada caso”.
Según se pudo saber, la medida dispuesta por el Gobierno de Milei implica que “las 10.420 cooperativas que se encuentran suspendidas a diciembre de 2023, sumadas a las 15.218 con retiro de su autorización para funcionar, serán notificadas a la AFIP a los fines que tome debida nota en sus registros. Esto es a los efectos de reducir la posibilidad de que sean utilizadas a pesar de encontrarse impedidas de operar. Al mismo tiempo, se procederá a la instrucción de un sumario a las cooperativas suspendidas, a través de un proceso sumarial abreviado, que posibilite disponer su retiro de la autorización para funcionar”.
El plan de acción dispuesto por la ministra Pettovello consiste en depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas. Para ello, se decidió segmentar el padrón de cooperativas en tres sectores:
** Cooperativas constituidas entre 2020 y 2022.
** Cooperativas constituidas en 2023.
** Cooperativas que estaban suspendidas a diciembre de 2019 y con las que no se continuó con el procedimiento.
Alexandre Roig fue el presidente del INAES durante la gestión de Alberto Fernández. Era quien debía supervisar la constitución y el funcionamiento de las cooperativas. Es dirigente del Movimiento Evita.
El gobierno de Javier Milei acaba de desarticular el mayor manejo de caja que los movimientos sociales tenían en la trasferencia de dinero del Estado hacia miles de cooperativas. “En los últimos años crecieron de 9.978 a 23.836″, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
El vocero presidencial dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, decidió “depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas” tras detectar “innumerables irregularidades”, que “suspenderá las operatorias de las creadas entre 2020 y 2022″ y que “se van a inspeccionar a 4355 cooperativas creadas en 2023″.
Según documentos oficiales, la secretaría que conducía Pérsico intervino en seis expedientes a través de los que se le envió a la Cooperativa de Trabajo La Patriada $261.591.087 para diversas actividades y $211.755.963 a la Federación de Cooperativas Evita.
Pérsico fue acusado de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Capital Humano señaló que la Secretaría de Economía Social, que él conducía, ejercía la supervisión y control de las actividades en el marco del programa Potenciar Trabajo y autorizaba los giros de dinero en concepto de subsidios y/o créditos ministeriales a las unidades de gestión para la realización de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios.
Al exfuncionario se lo acusó de «estar de los dos lados del mostrador» en la tramitación y entrega de subsidios a sus propias organizaciones. Esas cooperativas eran unidades de gestión en las que los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas de tareas semanales para cobrar el plan del Estado.
La Oficina Anticorrupción había condenado a Pérsico por intervenir como ‘juez y parte’ en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social».