Con el título «La prostitución del cooperativismo», el diario La Nación publicó en su edición del jueves 8 de setiembre, una nota editorial donde aborda aspectos relacionados con «la loable y tradicional función social de las cooperativas».
El contenido completo de la referida nota, expresa textualmente:
«La loable y tradicional función social de las cooperativas está siendo en algunos casos desvirtuada en beneficio personal de dirigentes políticos y sociales
«Desde estas columnas hemos destacado en diversas oportunidades el importante papel de las cooperativas como estructuras asociativas en nuestra sociedad. Por ese motivo se expandieron benéficamente en el campo agrícola, del seguro, de la producción, de los servicios públicos, del crédito, del consumo y del trabajo.
«Lamentablemente, también en algunos casos quedaron desvirtuadas por maniobras fraudulentas que las convirtieron en estructuras para el aprovechamiento de recursos públicos en beneficio personal de dirigentes políticos o sociales, perjudicando a sus asociados.
«En los últimos tiempos tomaron estado público escandalosas situaciones en las que dirigentes políticos se habrían valido de esas nobles herramientas. A través de funcionarios que integraban cooperativas, ellos personalmente o a través de intermediarios derivaban recursos de las arcas del Estado. Paradigmático resulta el caso del municipio de Quilmes, donde desde hace varios meses el Poder Judicial investiga una causa que contempla los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta, por los que se encuentra imputada la intendenta Mayra Mendoza.
«Hablamos de graves irregularidades en pagos por contrataciones del municipio que no habrían estado justificadas ni por los montos ni por las necesidades del trabajo, según determinaron investigadores de la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo. Involucran unos 671 millones de pesos.
«Esas cooperativas habrían sido realmente administradas y conducidas no por quienes efectivamente trabajaban, sino por personas que eran parte de un entramado mafioso gestado entre funcionarios, exfuncionarios y familiares. Las contrataciones para limpieza, cortado del pasto y mantenimiento de espacios verdes son incomprobables luego de un tiempo, apropiadas maniobras para desvío de fondos. A su vez, estos integraban cooperativas asociadas a una federación, lo cual posibilitó que los recursos terminaran en cuentas offshore, cuando no en los bolsillos de quienes se escudaban detrás de ese perverso entramado.
«La mayoría de las cooperativas involucradas estarían ligadas al abogado Martín Bordalejo, exjefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales del municipio y extesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Contrataciones directas, adjudicaciones que no se publican y que salen a través de resoluciones y facturas por conceptos muy generales comprometieron millonarios fondos.
«Los otros imputados son Sebastián Raspa, exsubsecretario de Hábitat de su gestión, y el empresario local José Alejandro Scozzari. Empresas y cooperativas con directivos, escribanos y contadores compartidos, sociedades no declaradas en el exterior, y préstamos cruzados no declarados ante el fisco podrían ser simples dibujos para lavar dinero.
«La defensa esgrimida habla, como ya es costumbre, de “noticias falsas” y nada aclara sobre los hechos que se investigan y que constituyen una verdadera prostitución del sistema cooperativo. Algo mucho más condenable porque se aprovechan de quienes se encuentran en un alto estado de vulnerabilidad social.
«Como no podía ser de otro modo, gran parte del oficialismo salió a defender a la camporista Mendoza, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó para redoblar la apuesta sosteniendo que los programas sociales deben ser administrados por los propios intendentes.
«Baste el escandaloso ejemplo que citamos para darnos cuenta de que ese camino solo conduce al fracaso, retrotrayéndonos a cuando, durante el período de gobierno kirchnerista, los programas sociales eran también instrumentos para disciplinar políticamente a los jefes comunales. Convertidos a su vez por ellos en herramienta electoral, supimos de sonados casos de corrupción: cooperativistas de trabajo que ni enteradas estaban de serlo o que integraban varias cooperativas simultáneamente; fondos destinados a la compra de herramientas que los municipios en muchos casos nunca adquirirían y corralones de materiales de allegados a la política que formaban parte de entramados de corrupción.
«Desde el Poder Ejecutivo se propone auditar los programas sociales a través de las universidades, en otra dudosa maniobra. Durante la gestión de la ahora vicepresidenta de la Nación eran precisamente también las universidades las que celebraban convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para capacitar y regularizar a entidades cooperativas, por lo que se propone repetir el fracaso, el desvío y la dilapidación de los recursos.
«Con índices de pobreza históricos, inflación desbocada y montos exorbitantes destinados discrecionalmente a “planes sociales”, el mal humor social aumenta. En este contexto, las organizaciones sociales, los municipios, los gobiernos nacional y provinciales siguen bastardeando la figura de entidades solidarias como las cooperativas en busca del propio beneficio. Como usinas generadoras de trabajo genuino, inspiradas en una necesidad real y natural como la que se vive en estos tiempos de incertidumbre, pobreza rampante y escasa oferta laboral, malversar su espíritu solo revela el estado de descomposición de buena parte de una dirigencia inescrupulosa. Históricamente han sido entidades que le han brindado un enorme beneficio económico, productivo, social y cultural a nuestro país, al punto de haber constituido modelos copiados por otros países. De ninguna manera se puede aceptar que se las prostituya para que algunos aprovechen controles que “no controlan” para lucrar con recursos que son de todos.
«Continuar discutiendo sobre distribución de fondos públicos destinados a estructuras políticas partidarias o sociales sin dar solución a los graves problemas que atraviesan los sectores más vulnerables de nuestra sociedad se ha vuelto tan doloroso como agraviante. Es necesario que la Justicia investigue y que los castigos alcancen a quienes corresponda.
«No debemos permitir que nadie malverse o prostituya el trabajo cooperativo ni que ensucie su bien ganado prestigio anteponiendo intereses personales o políticos».