Desde el comienzo del mandato de Alberto Fernández hasta el primer semestre de 2022, las transferencias discrecionales a 291 asociaciones y 204 cooperativas que responden a grupos piqueteros alcanzaron los $ 10.330 millones, según la investigación realizada por Clarín. Se trata de una cifra equivalente a más de 75 millones de dólares, de acuerdo al dólar promedio del Banco Nación en este período.
A su vez, se trataría de fondos que no están incluidos dentro de los programas centrales de asistencia social. Sino que engloban recursos aún mayores, y que surgen de pequeñas estructuras ministeriales.
En esa línea, se reveló que asociaciones y cooperativas que forman parte del Frente de Todos serían las más favorecidas y que mediante estos pagos se financia el funcionamiento de esas organizaciones sociales.
En cuanto a las cooperativas, el gobierno otorgó una importante cantidad de fondos, pero solo entre cooperativas que responden al Movimiento Evita.
Por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, y la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, cobraron en dos años y medio $ 663,6 millones y $ 560,6 millones, respectivamente.
Mientras que El Fortín de Encarnación, que responde políticamente a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cobró exactamente $ 359,6 millones desde principios de 2020.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, vinculada al kirchnerismo duro, cobró $ 303 millones.
Según se supo, los fondos que se reparten surgen del presupuesto, pero no forman parte de manera directa de los programas del Ministerio de Desarrollo Social como el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias.
Las que se analizan son transferencias que provienen desde diferentes áreas del Estado, como Desarrollo Social (Integración Socio Urbana, Economía Social y Abordaje Territorial), pero también de programas del Ministerio de Trabajo (Acciones de Empleo, Acciones de Capacitación) y del Ministerio de Desarrollo Productivo (Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual).
Y estos montos destinados de manera discrecional a organizaciones sociales y cooperativas no son abiertos al público, como sucede con otros gastos estatales.