El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de regularización de deudas destinado a distribuidoras y cooperativas eléctricas que mantienen compromisos impagos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Disposición 1/2025, busca fortalecer la cadena de pagos del sector energético y reducir la dependencia del Tesoro.
El programa establece la posibilidad de adherir al plan durante los próximos 60 días, e incluye hasta 12 meses de gracia y un esquema de pagos en 72 cuotas, con una tasa equivalente al 50% de la del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Las deudas comprendidas son las acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2024.
En paralelo, el Ejecutivo fijó condiciones estrictas para conservar los beneficios. Las empresas deberán sostener al día el pago de la deuda corriente y presentar planes de inversión concretos en infraestructura energética. En caso de incumplimiento, las distribuidoras quedarán automáticamente fuera del programa y se exponen a sanciones.
Por otra parte, aquellas distribuidoras que hayan regularizado sus pagos en 2024 y no registren pasivos previos a diciembre de 2023 podrán acceder a créditos compensatorios en sus facturas futuras, incentivando el cumplimiento fiscal y operativo en el sector.
Según indicaron fuentes oficiales, esta política se inscribe en un proceso de saneamiento del sistema eléctrico que ya muestra mejoras visibles. «Cuando asumimos, la cobrabilidad de CAMMESA era del 48%. Hoy, gracias a tarifas realistas, subsidios focalizados y una progresiva desregulación del mercado, alcanzamos el 97%», destacaron desde el Ejecutivo.
El nuevo plan marca un quiebre con el esquema de asistencia financiera estatal basado en emisión monetaria para cubrir la morosidad de las distribuidoras, una práctica que, según las autoridades, contribuyó a alimentar la inflación durante años.
Las cooperativas interesadas en adherirse deberán comunicarlo formalmente a CAMMESA en un plazo de 15 días hábiles. El objetivo final, según la normativa, es consolidar un sistema eléctrico autónomo, competitivo y sustentable, con mayor participación del financiamiento privado y una operatoria menos dependiente del Estado.