Las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, representadas en mayor volumen por la Asociación Prestadores Eléctricos (APEBA), quedaron en medio del fuego cruzado entre Nación, provincia y distritos por el cobro de tasas municipales en las boletas del servicio eléctrico.
Concretamente, la dirigencia del sector considera que «somos el jamón del sándwich”. La cruzada iniciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, contra los gobiernos provinciales y locales por incluir el cobro de tasas municipales en las boletas de luz, puso a las cooperativas eléctricas en medio de una feroz disputa política y judicial.
Es que la resolución del gobierno nacional de prohibir el cobro de tasas municipales en las boletas para reducir el costo de las tarifas de luz, chocó con la resistencia de la gestión de Axel Kicillof y de varios de los municipios afectados, quienes apelaron al marco regulatorio bonaerense para intentar que la justicia mantenga los conceptos en las facturas.
Al fragor de esa pelea política, las cooperativas eléctricas bonaerenses fueron intimadas por el gobierno de Javier Milei para que eliminen los “conceptos ajenos” a riesgo de ser objeto de multas y sanciones.
“Somos el jamón del sándwich”, afirman los directivos de las cooperativas eléctricas. En el marco de una reunión de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), realizada días atrás en Olavarría, se abordó un tema que hoy es prioritario: ¿Las tarifas municipales tienen que mantenerse en las facturas de luz o deben facturarse por fuera?
Walter Valle, gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, consideró que las cooperativas se encuentran en medio de una pelea de la política: “En este problema, somos el jamón del sándwich. Nosotros somos agentes de percepción de normativas de organismos que tienen facultades, como son los Concejos Deliberantes en cada municipio para establecer tasas. Al igual que también los establece la provincia con los tributos provinciales y hasta la nación con el IVA”, manifestó.
“Nosotros tenemos que aplicar lo que la normativa establece. No somos quienes para decir qué tributo va y qué tributo no va. Evidentemente, acá hay una pelea de jurisdicciones entre la nación, la provincia y los municipios. Se tienen que formar acuerdo o eventualmente, si no hay consenso, la justicia tiene que establecer qué debemos hacer nosotros los distribuidores”, remarcó.
Su par de Coopelectric, de Olavarría, Alberto Miotti, hizo una salvedad respecto a la denominada tasa de alumbrado, incluida en la Ley provincial 10.740 (la norma lo considera un concepto eléctrico propiamente dicho).
Expresó que “charlando con el intendente interino, Federico Aguilera, y parte de su gabinete, coincidimos en la importancia de que el alumbrado público permanezca en la factura, porque hace a la cobrabilidad. Esto también es una realidad”.
Y recordó que, en el caso del municipio de Olavarría, “la tasa de cobrabilidad de los servicios urbanos cayó con los aumentos de tarifas”.
“Si el alumbrado baja en cobrabilidad, se pone en riesgo el sostenimiento del servicio, porque lo tiene que pagar el municipio. En la medida que el municipio se le caen los recursos por cobrar eso, ¿de dónde lo sacan? Entonces, entramos en un círculo vicioso. O se pierde calidad, o cada vez los que pagan abonan más para cubrir a los que no pagan”, opinó.
Desde las cooperativas, también vieron con buenos ojos la continuidad del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. “Esto permite que lo que se recauda se define para solventar los mayores costos que tienen las cooperativas, especialmente las rurales”.
Por último, explicaron que “la decisión de la Provincia es un mantenimiento de tarifas para que cualquier ciudadano con el mismo servicio pueda pagar, en cualquier lugar, a los mismos costos. Porque obviamente, una cooperativa rural o una que cubre grandes extensiones, no tienen los mismos costos”.
Contacto con nuestra Redacción:
redaccion@prensacooperativa.net