Escribe ROBERTO MOLINA
La palabra «cooperativa» aparece en los últimos días tremendamente bastardeada como consecuencia de investigaciones en curso, originadas por el otorgamiento de fondos — por parte del gobierno anterior — a pseudo cooperativas manejadas livianamente por el Movimiento Evita, cuyo barbudo titular ejerció el cargo de Secretario de Acción Social de la Nación. Desde esa posición gubernamental, distribuyó fondos millonarios a cooperativas de trabajo que fueron armadas por el propio Emilio Pérsico para recibir esos beneficios.
Lo cierto es que en estos momentos hay 34 cooperativas denunciadas por desvío de fondos. Las denuncias del ministerio de Capital Humano apuntan contra entidades que recibieron miles de millones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández. Esas sospechas se comprobaron en las investigaciones judiciales por los comedores truchos o la extorsión a los beneficiarios de planes sociales.
PANTALLAS PARA COMETER ILICITOS
El funcionamiento de un grupo de cooperativas y su utilización como intermediarias en la distribución de fondos públicos está bajo la lupa como posibles «pantallas para cometer ilícitos». En diversos expedientes judiciales, el ministerio de Capital Humano denunció a 34 cooperativas por el manejo de fondos públicos y la sospecha de que ese dinero fue malversado. Tampoco se descarta un presunto enriquecimiento de referentes, dirigentes sociales o funcionarios.
Según el análisis de integrantes de la justicia federal especializados en la materia, estas presuntas maniobras ocurren porque el régimen de cooperativas “está más afuera del radar de los controles antilavado en relación a otras instituciones del sistema financiero como los bancos. Además intervienen en estas organizaciones muchas personas que no se conocen entre sí. También en general tienen objetivos comunitarios y locales que están más lejos de las miradas”, indicó uno de los jueces de Comodoro Py que tuvo en sus manos casos que involucraban a cooperativas.
PERJUICIO AL ESTADO POR $ 17.000 MILLONES
El ministerio que dirige Sandra Pettovello presentó 14 denuncias por hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la órbita de lo que fue la cartera de Desarrollo Social. Ese universo de causas expone un perjuicio ocasionado al Estado de 17.000 millones de pesos. La Subsecretaría Legal de Capital Humano llega a esa cifra al contar compras que no fueron rendidas o que no consta que se hayan direccionado adonde correspondían y dinero destinado a compras de insumos que se pagaron pero no se obtuvieron, entre otras maniobras.
Las 34 cooperativas investigadas están en el centro de las sospechas: en más de un expediente consta que “eran creadas días previos a la firma de los convenios con Desarrollo Social, a través de los cuales recibían fondos discrecionalmente”, indicaron desde Capital Humano. Por ejemplo, la compra de guardapolvos cuestionada en la justicia se hizo a través de una veintena de cooperativas, a las que se destinaron 5.500 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría del actual gobierno establece que sólo se entregó el 47% de lo comprado.
GUARDAPOLVOS QUE NUNCA FUERON ENTREGADOS
En esa causa, algunas de las cooperativas señaladas son: Cooperativa 15 de Julio, Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas, Cooperativa de Trabajo Solutex, entre otras. Y la denuncia sostiene: “Las irregularidades detectadas por los inspectores del Estado incluyen constancias de pagos y transferencias por comisiones y servicios relacionadas con la confección de guardapolvos encargados por el gobierno de Alberto Fernández que nunca fueron entregados al Estado pese a haber sido abonados en su gran mayoría».
Para las autoridades de Capital Humano, este caso expone el modus operandi alrededor de las cooperativas. “Muchas de las cooperativas se crearon días antes de la firma del convenio. Les pedían pocos papeles para habilitarlas en el INAES y de ahí las mandaban al Ministerio de Desarrollo Social, recibían fondos, pero el dinero también se aplicaba a la subcontratación de otros servicios y así se desviaban fondos”, explica una de las denuncias judiciales.
UN VEHICULO PARA EL DESVIO DE FONDOS
Desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) aportaron su visión sobre la situación: “Estas cooperativas fueron un vehículo para el desvío de fondos y operaciones de blanqueo, porque se dedicaban habitualmente a cuestiones financieras, muchas no pagaban Ganancias y no fueron controladas por la AFIP. Además dependen del INAES, donde no hay grandes especialistas en detectar irregularidades”.
Las denuncias penales apuntan a desentrañar la ruta de los fondos y los responsables. Se quiere saber quiénes estaban detrás de la creación de esas cooperativas, comedores y merenderos que oficiaban de intermediarios para diversas prestaciones económicas que brindaba el Estado.
Hay cientos de convenios suscriptos entre la secretaría de Economía Social, que conducía Emilio Pérsico (jefe del Movimiento Evita) y las distintas cooperativas. Parte de esos fondos no iban a a donde tenían que ir y se habrían destinado, por ejemplo, a imprentas.
Por ese motivo, el juez Sebastián Casanello ordenó que haya veedores en las cooperativas involucradas, que se inspeccionen todos sus movimientos financieros y se verifique cómo funcionan. También pidió la realización de una auditoría de los últimos dos años, que es la ventana de tiempo que se investiga en esta causa que tiene imputados a 27 dirigentes por posible coacción y extorsión, como también por una presunta defraudación al Estado por el mal manejo de fondos públicos.
FEDERACIONES INVOLUCRADAS
Las entidades de segundo grado del cooperativismo involucradas en las maniobras mencionadas, son las siguientes:
Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros: Ambas vinculadas al MTE y la CETEP, referenciadas en Juan Grabois, fueron señaladas por su responsabilidad en comedores inexistentes.
Federación de Cooperativas de Trabajo Evita: Denunciada por recibir subsidios irregulares. Emilio Pérsico, su referente, enfrenta cargos por fraude a la administración pública.
Federación de Cooperativas de Trabajo «René Salamanca» y El Fortín de Encarnación, ambas pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, están enfrentando acusaciones de irregularidades por los fondos públicos que recibieron.