Escribe ROBERTO MOLINA
El gobierno ha puesto su foco contra las cooperativas sociales constituidas en los últimos cuatro años. Concretamente, le llama la atención su explosivo crecimiento. Es que los funcionarios tienen la certeza de que dentro de esa onda expansiva que registra un sector del movimiento solidario, puede haber irregularidades.
Sucede que durante ese período, las cooperativas sociales exclusivamente han pasado de 9.238 entidades a 20.336. Y retrotrayéndose a años anteriores a ese período, nunca se registró un crecimiento tan explosivo. Evidentemente, algo está sucediendo…
Además, el 70 por ciento de ellas no rendía cuentas. Es decir, no realizaron asambleas, no presentaron balances ni ninguna otra información sobre el desarrollo de sus actividades. Concretamente, el padrón aumentó un 138% por ciento en ese período.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el gobierno de Javier Milei acaba de desarticular el mayor manejo de caja que los movimientos sociales tenían en la transferencia de dinero del Estado hacia miles de cooperativas.
En ese mismo sentido, el funcionario explicó que “se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar la autorización para funcionar a 11.853 entidades que habían sido suspendidas en 2019 — durante la gestión de Mauricio Macri — y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, precisó Adorni.
“El padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años. El 70% no presentó balances ni realizó asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio”, explico el funcionario.
Evidentemente, algún pícaro está detrás de toda esta imprevista ola expansiva de cierto sector del cooperativismo. Pero llama poderosamente la atención que el INAES no abra la boca sobre este tema, que ya está en conocimiento de la opinión pública.
Se supo que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya había dejado de financiar a 281 cooperativas, que funcionaban como Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo, que, desde la Secretaría de Economía Social, administraba el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Eso a través de los convenios firmados con 281 cooperativas y organizaciones comunitarias, en 2023, para los cuales se derivaron unos 34 millones de dólares.
Hace una semana Capital Humano denunció ante la justicia federal a Emilio Pérsico por haber beneficiado desde su cargo a dos de las cooperativas de la que él había formado parte antes de ser nombrado funcionario de Alberto Fernández. Se trata de la Cooperativa La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.
Pérsico había autorizado subsidios a esas entidades por $473.347.050 a través de seis expedientes. Es decir, siendo funcionario autorizó subsidios para sus propias cooperativas. De la ética pública, ni hablar…
La Oficina Anticorrupción ya había advertido sobre la incompatibilidad de hacerlo. Era una violación a la Ley de Ética Pública. “Pérsico era juez y parte”, escribieron los abogados de la cartera a cargo de Pettovello en el que se lo acusa del presunto delito de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Una denuncia similar ya había realizado la Coalición Cívica, a través del diputado porteño Hernán Reyes.
El dirigente político que responde a Elisa Carrió había denunciado que “de los $11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales, las cooperativas y entidades vinculadas al Movimiento Evita recibieron, a través de convenios celebrados con la secretaría de Pérsico, $3.646.159.320, esto es el 31,30% del total”.