Las cooperativas eléctricas de Argentina transitan un momento de profunda preocupación y han emitido un alerta por el impacto de la quita de subsidios y la suba de precios no solo para su propio funcionamiento, sino para cientos de localidades del país, donde podría correr riesgo el acceso de la población al servicio.
Según datos oficiales, más de 4 millones de familias argentinas reciben servicios públicos a través de más de 1200 cooperativas que proveen agua, gas, electricidad, internet, telefonía, entre otros. Tienen un impacto tal en el país que se estima que hay más de 8 millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas que hoy hacen maniobras para no dejar a sus localidades a oscuras como consecuencia de la desregulación impulsada por el Gobierno, la suba de los precios de compra en la energía mayorista, el alza de tarifas y la mayor deuda por parte de usuarios residenciales y productivos.
EL 62% DE LA POBLACIÓN FORMA
PARTE DE UNA COOPERATIVA
Un proyecto ingresado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación advirtió por la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas en un país donde el 62% de la población forma parte de alguna de una relación asociativa, por lo que su supervivencia hace al desarrollo local, la generación de fuentes de trabajo, y la calidad de vida de los hogares argentinos.
Un aspecto sobre el que no suele ponerse el ojo es lo que sucede en cientos de localidades del país que acceden a estos servicios esenciales por intermedio de cooperativas, que hoy denuncian que corre riesgo la prestación del servicio si no hay respuestas al ahogo financiero y la imposibilidad de usuarios residenciales, comercios y pequeñas empresas de afrontar el monto de las boletas.
En el caso particular de los servicios públicos, los datos oficiales muestran que más de 4 millones de familias argentinas reciben servicios públicos a través de estas cooperativas (más de 1200 en total) que proveen agua, gas, electricidad, internet, telefonía y otros. Tienen un impacto tal en las localidades de nuestro país que se estima que hay más de 8 millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas.
SOLICITAN ASISTENCIA FINANCIERA Y
SER ESCUCHADAS POR EL GOBIERNO
Las cooperativas advirtieron que, de mantenerse este esquema que conlleva además nuevas actualizaciones en el año, podría implicar un golpe duro para las economías de las localidades que están más allá de los grandes centros urbanos, poniendo en juego la prestación y acceso de servicios esenciales que no son “negocios rentables” para el mercado, a la vez que solicitaron asistencia financiera y ser escuchados por el gobierno nacional.
Desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (CONAICE), su presidente, Luis Castillo, señaló que “es tan terrible el impacto de la quita de subsidios en la economía de los pueblos que van a pasar a ser muchos de ellos pueblos fantasmas, porque ya se nota la desocupación, la caída de la recaudación está llegando al 30% y la gente no puede pagar los servicios”.
Asimismo, el titular del espacio que representa a 400 cooperativas distribuidoras de energía eléctrica en más de 500 localidades de Argentina, se preguntó ante la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación “qué va a pasar cuando aumente el gas e impacte en la tarifa eléctrica, de qué manera van a sobrevivir los comercios, que al no pagar los servicios obviamente las cooperativas corremos un gran riesgo de desaparecer, porque se va a cortar la cadena de pagos y esto es algo que no se está advirtiendo».
«DESPUÉS DE LA GENERAL PAZ,
HAY UN INTERIOR PROFUNDO»
Castillo es titular también de la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor) donde el sector cooperativo presta el 30% del mercado eléctrico, con 500.000 conexiones que dan cobertura a 1.200.000 habitantes de la provincia.
“Hay que advertir — añadió el dirigente — que después de la General Paz hay un interior profundo y cada una de las provincias se ha desarrollado con servicios eléctricos, lo que significa que las cooperativas no son obras de la casualidad sino de la necesidad que se ha mantenido a través del paso del tiempo, porque ni el Estado y mucho menos el capital privado han ido a instalarse en una pequeña comunidad de 15.000 o 25.000 habitantes y de ahí para abajo, para permitir que esas pequeñas poblaciones sobrevivan como ciudadanos con calidad de vida semejante a las grandes ciudades».
Y concluyó expresando: «Si seguimos así, vamos a llegar al mismo sistema que tenemos con la educación, con la salud, con la vivienda, el que tiene dinero va a tener servicio y el que no, retrocederá al farol o a la lámpara”.
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, se destaca el rol de las 200 cooperativas de servicios públicos de electricidad que acercan esa prestación a localidades de 200 hasta 70.000 usuarios llegando a más de 1.050.000 bonaerenses.
LA DOBLE PREOCUPACIÓN DE LOS
DIRIGENTES DEL COOPERATIVISMO
Al respecto, Lucas Tasso, directivo de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) de PBA, señaló: “Tenemos una doble preocupación, como usuario del servicio por el impacto de las tarifas y como dirigente del consejo de administración de una cooperativa, que tenemos que velar por las cuentas en orden”.
En ese sentido indicó que “todavía hay usuarios que tienen deuda refinanciada producto del 2020, que vamos a tener que volver a refinanciar por tercera o cuarta vez y que se les va a juntar con el actual ajuste tarifario. Cuidamos a nuestros usuarios y necesitamos que se prorrogue el artículo 87 de ley de Presupuesto, para seguir honrando nuestras deudas en condiciones que podamos hacerlo”.
Desde Santa Fe, Vicente Losada, titular de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, alertó que “es esencial frenar esta actualización de tarifas en términos de shock y comenzar a poner en discusión el costo de la generación de energía, porque se establecen en dólares mientras nuestros usuarios que son nuestros socios, tienen sus sueldos en pesos y cada vez más deprimidos”.
EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA,
«EL IMPACTO HA SIDO TERRIBLE»
A su vez, desde la Federación Pampeana de Cooperativas de Servicios Públicos (en la provincia prácticamente el 100% de la distribución de la energía está en manos cooperativas) Jorge Páez coincidió en que “este tarifazo ha impactado considerablemente en los comercios, en los clubes, en las pequeñas industrias, la verdad que el impacto ha sido terrible».
Añadió seguidamente que «estamos todo el tiempo en permanente contacto con nuestros socios, tratando de arrimarle soluciones a un club de barrio que, por ejemplo, pagaba 200 mil pesos y pasó a pagar 500 mil, cuando la cuota societaria es de 500 pesos”.
En tal panorama ingresó a la Cámara Baja un proyecto presentado por el diputado nacional Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) con el fin de “expresar gran preocupación por la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas de nuestro país”, acompañado por una treintena de firmas.
«LA SITUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
DE ELCTRICIDAD ES CRÍTICA»
Al ser consultado, el legislador señaló que “en este momento las cooperativas de servicios en general y, particularmente, las de servicios eléctricos, se encuentran en una situación crítica por la decisión del gobierno nacional de liberar las tarifas de servicios públicos, en particular la energía eléctrica”.
En esa línea, analizó que “son el primer mostrador ante una parte importante de la población de la Argentina, tanto usuarios residenciales como productivos, en un momento en el que CAMMESA traslada a las empresas distribuidoras y estas a las cooperativas, el aumento de las tarifas. Empiezan entonces a tener una situación conflictiva con los usuarios porque no dejan de ser, desde una perspectiva social, empresas que financian deudas a los usuarios y son llevadas al límite en esta etapa”.