La Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos emitió una declaración, con el título de “La intervención judicial como regla y no como excepción”, a través de la cual expresa categóricamente su rechazo a la resolución del gobierno de Chubut de intervenir judicialmente a la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda de Trelew y la decisión de avanzar en igual sentido respecto a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo “16 de Octubre”.
El texto completo del comunicado expresa:
«La Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, en representación de sus cooperativas asociadas, manifiesta la mayor preocupación y nuestro rechazo a la intervención judicial que el gobierno provincial propició respecto de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda de Trelew, a través del INAES, y la decisión de avanzar en igual sentido respecto a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo 16 de Octubre.
«Toda intervención judicial a una sociedad cooperativa, por el carácter privado que hace a su conformación y esencia, debe siempre ser de carácter excepcional, porque en definitiva no es otra cosa que la inmiscucion del Estado a través de la justicia en las decisiones que como dueños legítimos de una cooperativa tienen en este caso sus socios.
«Los fundamentos esgrimidos por el INAES para dictaminar a través de su Directorio la solicitud de intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew adolecen de verosimilitud para conformar una intervención y esperamos que la Justicia Federal examine, con total independencia de quien lo solicita, los parámetros legales de la presentación del organismo nacional.
«En efecto, según reza la Ley de Cooperativas, la autoridad de aplicación está facultada para solicitar al juez competente la intervención de una cooperativa cuando sus órganos realicen actos o incurran en comisiones que importen un riesgo grave para su existencia.
«La ley de Sociedades, de aplicación supletoria, también señala la necesidad de que se hayan agotado los recursos estatutarios previos a la intervención y en este caso, el único acto cooperativo real atacado en relación a la Cooperativa Eléctrica de Trelew fue un proceso eleccionario, que se encuentra en proceso judicial de primera instancia en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Trelew con lo cual lejos esta de agotarse la vía.
«Lejos ello está de importar un riesgo grave para la existencia de la sociedad cooperativa. El resto de las consideraciones que esgrime el INAES solo se refieren a un estado de deudas que son comunes a todo el sistema cooperativo argentino y a las empresas de carácter privado que brindan servicios públicos en el resto del país.
«En el caso de Chubut, dicha situación de endeudamiento está emparentada en primera medida con la falta de actualización tarifaria por parte de municipios concedentes y en segunda instancia de una política provincial de servicios públicos que contemple un esquema tarifario que cubra los costos operativos del sistema.
«Más extraño aún sería que se solicite la intervención judicial de nuestra asociada de Esquel, hoy pedido que prima facie parecería amparado en no haber logrado una sentencia favorable en un expediente judicial de carácter penal que vinculaba a la Mutual Aonikenk, en donde no estaban imputados ninguno de los integrantes del Consejo de Administración actual de la Cooperativa “16 de Octubre”.
«Volvemos a preguntarnos, ¿donde está realmente el accionar que comprenda un riesgo grave para la existencia de las sociedades cooperativas, cuál es la motivación real que lleva a los pedidos de intervención?
«¿Juzgaran con la misma vara a los poderes concedentes que decidieron dar por tierra cualquier intento de recomposición tarifaria que permita sostener los servicios públicos en cada localidad de la provincia del Chubut, o se premiará destruir al sistema cooperativo como objetivo fundamental?.
«Nos preguntamos, también, si a los interventores judiciales les asegurarán una tarifa acorde o se seguirá con esta política de provocar la quiebra del sistema.
«Concluimos en el entendimiento de que a través de la intervención judicial de nuestras asociadas existe una idea de sacarle el poder de autodeterminación de los socios de autoprestarse un servicio de calidad como es el actualmente sostenido por el sistema cooperativo.
«Entonces, la intervención judicial termina siendo la herramienta que conforma la regla que busca cambiar un status-quo y no la excepción que busca el orden institucional.
«La Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos reafirma el sostenimiento de los servicios públicos bajo el sistema cooperativo, desde hace 40 años contribuyendo a un servicio de calidad en manos de sus legítimos dueños, sus asociados».