La ya larga polémica abierta por las deudas que las cooperativas eléctricas de distintas provincias argentinas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), llegó a un punto de tensión en los últimos días con la decisión del gobierno nacional de intervenir siete cooperativas, por la deuda acumulada con la sociedad de propiedad del Estado, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Se supo que formalmente la intervención la hará el INAES, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas, mientras que Cammesa aportará la gestión en cada institución. Son cinco distribuidoras bonaerenses, una de Entre Ríos y otra de Tierra del Fuego.
En total, este grupo de cooperativas suma una deuda de 53.000 millones de pesos por energía que distribuyeron a los usuarios, pero que no habrían pagado a la empresa mixta. El gobierno prepara más intervenciones porque el cálculo que hacen es que el sector de cooperativas eléctricas acumula una deuda de alrededor de 325.000 millones de pesos.
Se trata de cinco cooperativas de la provincia de Buenos Aires, además de la eléctrica de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.
La intervención será de forma colegiada entre Cammesa y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En rigor, el INAES interviene formalmente las cooperativas, mientras que Cammesa aportará la gestión en cada lugar.
Fuentes cercanas a la compañía administradora del MEM señalaron que la intervención “es para dar otro paso en la regularización del mercado eléctrico”. Además, este sería sólo el primer grupo de cooperativas que el gobierno intervendrá por acumulación de deudas, ya que probablemente la lista se amplíe en los próximos días.
Según cálculos de Cammesa, la deuda acumulada de las cooperativas de energía del país superaría los 300.000 millones de pesos. Quién impulsó la intervención de las siete cooperativas a partir de un trabajo que lleva varios meses fue Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa.
Fuentes del área energética del gobierno remarcaron que el INAES emitió una resolución para aplicar la medida en conjunto con Cammesa. La intervención comenzó a regir a partir deL martes 29 de octubre último. En concreto, el INAES contará con personal de Cammesa que hará “un trabajo de control interno de las cooperativas”.
La punta del iceberg de la deuda de las cooperativas fue la de Villa Gesell (COVIGE). Según fuentes oficiales, esta distribuidora acumula una deuda por energía que no abonó durante los últimos ocho años.
En marzo, COVIGE presentó — junto a otras cooperativas bonaerenses — un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Dolores para eximirse del pago de la energía que recibe de Cammesa y que luego vende a los usuarios (¡?).
En una primera instancia, la cooperativa de Villa Gesell había recibido un fallo favorable. Pero en agosto último la Cámara Federal de Mar del Plata calificó de inapropiado el amparo de la cooperativa.