En Santa Fe, afirman que no es lo mismo mantener diálogo con una empresa multinacional que con una cooperativa

 

Dirigentes cooperativistas y mutualistas pudieron exponer en la Convención reformadora de la Constitución de Santa Fe, las razones por las que piden que cooperativas y mutuales logren que se considere un hecho no imponible (libre de impuestos) sus acciones en el mercado, ajenas al afán de lucro, además del reconocimiento constitucional para con el sector.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana sesionó presidida por Germana Figueroa Casas. Antes que los representantes del sector, habló un funcionario del Poder Ejecutivo Provincial, el secretario de Cooperativas y Mutuales, Gonzalo Toselli, quien destacó con cifras y conceptos de fondo cuál es la importancia económica, social y política del sector cooperativo que, entre otros datos, “está presente en un 60% de todas las localidades santafesinas”.

Le siguió Victoria Noriega, titular de la Cooperativa Setúbal. Expresó que la Constitución de Santa Fe debe declarar como “un hecho no imponible y sin fines de lucro por su naturaleza” las utilidades que puedan producir las actividades de las entidades cooperativas, por no tener, como las empresas, una lógica búsqueda de ganancias para un particular o varios particulares.

Aseguró en su exposición que valoró las experiencias históricas de estas formas asociativas que “en la cultura santafesina el asociativismo y el cooperativismo están presentes desde siempre, son conceptos que nos llegan desde nuestros abuelos” y recordó que en numerosas poblaciones del interior y sectores que el mercado no atiende, están los servicios públicos cooperativos en manos de sus socios que democráticamente eligen sus autoridades y fijan objetivos.

Reclamó que a la cláusula incluida en la ley que declaró la necesidad de la reforma, que menciona el rango constitucional para el Consejo Económico y Social, debe hacerse lo mismo con “el Consejo de Asociativismo y Economía Social”, que hoy solo se sostiene jurídicamente por un decreto del Poder Ejecutivo y debe ser “órgano de consulta y apoyo al sector en políticas públicas”.

Finalmente puntualizó que “no es lo mismo hablar con una multinacional que con una cooperativa local que no tiene ganancias y que también esa diferencia debe estar en las regulaciones”.