Ante las declaraciones televisivas emitidas por el diputado nacional José Luis Espert a través de un programa de televisión en las que sostiene, entre otros tópicos, que “las cooperativas eléctricas en el interior del país son fuente de todo tipo de curro” y que “deberían transformarse en sociedades anónimas o que quiebren”, desde la Confederación Argentina de Cooperativas de Eléctricas (CONAICE), que preside el dirigente Luis Castillo (foto), salieron a expresar su más «enérgico repudio ante los dichos falaces, despectivos y carentes de conocimiento hacia el cooperativismo eléctrico, máxime proviniendo de la investidura de un legislador nacional».
La réplica de CONAICE expresa textualmente:
«Las cooperativas eléctricas son -ni más ni menos- que asociaciones de usuarios, una organización de los propios vecinos, que cuentan con los mecanismos de control y fiscalización impuestos por la Ley 20.337.
«Las mismas son, además, puntales fundamentales del desarrollo local, inclusivo y equitativo, permitiendo encadenamientos productivos en más de 600 pueblos y ciudades del interior, promoviendo servicios esenciales aún deficitarios, y que al modelo de sociedades anónimas que el diputado defiende no le interesa desarrollar.
«Cada cooperativa es gestionada por esos vecinos que año tras año celebran asambleas y dan cuenta de su gestión. Y allí pueden ser revalidados o democráticamente reemplazados por otros asociados. Y que los excedentes generados –si es que los hubiera- se reinvierten en más y mejores servicios.
Con respecto a los organismos de control de energía provinciales; ellos han sido determinados por las legislaciones de cada provincia, permitiendo que con estos controles, los propios usuarios estén protegidos frente al posible accionar inescrupuloso de las manos “anónimas” del mercado.
«Las cooperativas eléctricas tenemos casi 100 años de vida en la República Argentina. Hemos trascendido a gobiernos de todos los signos políticos y a los vaivenes económicos típicos de este país, porque somos empresas locales. Hemos soportado estigmatizaciones de diversas índoles y embates por hacer que nuestras empresas comunitarias se transformen en sociedades con dueños “sin rostro”.
«Estamos presentes en comunidades donde el Estado no pudo llegar ni a las empresas de lucro les interesó o convino hacerlo. En épocas de adversidad donde muchos pueblos estuvieron a punto desaparecer, otros pudieron evitarlo gracias a su cooperativa que mantuvo sus servicios esenciales y colaboró para que la comunidad pudiera rehacerse bajo su amparo.
«Por ello, no podemos permitir que por desconocimiento u otras motivaciones, se pretenda criminalizar una figura asociativa que ha dado probado resultado. Por historia, porque somos eficientes con nuestros servicios, porque estamos siempre presentes en nuestras comunidades, porque amamos nuestro territorio y porque apostamos a un modelo de desarrollo solidario e inclusivo», concluye el comunicado.