La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor), en la voz de su presidente, Luis Castillo, advirtió sobre las consecuencias de la segmentación tarifaria, tanto para los consumidores como para las prestadoras de servicios. El dirigente custionó la falta de comunicación, alertó sobre el impacto económico de la medida y propuso acciones paliativas para mitigarlo.
“En un contexto internacional de una complejidad inusitada, donde los coletazos económicos de la pandemia y los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania complican la economía mundial, se ha generado un aumento generalizado de los commodities, fundamentalmente la energía”, comienza explicando Castillo.
El titular de Fecescor agrega: “Dado que Argentina es un país importador neto de este recurso, las necesidades de contar con las divisas necesarias para hacer frente a este incremento más que significativo, obligaron a las autoridades a tomar medidas drásticas, tendientes a disminuir el déficit fiscal, reduciendo los subsidios a las tarifas, la importación de gas y la salida de divisas”.
CONFUSIÓN Y DESCONFIANZA
Confusión y desconfianza — En este contexto, la Secretaría de Energía de la Nación avanzó en un esquema de segmentación tarifaria, categorizando a los usuarios residenciales de electricidad y gas según una serie de parámetros económicos y de consumo.
“Con el objetivo de no castigar a quienes tengan una situación socio-económica que no les permita hacer frente a las facturas de estos servicios, se inició un proceso de inscripción para identificar a los consumidores y ubicarlos en el segmento correspondiente, según su realidad”, explicó Castillo.
Sin embargo, el presidente de Fecescor advierte que “el proceso sufrió muchas demoras, cambios de criterio e inconsistencia en las bases de datos, generando confusión en la información difundida y desconfianza en los usuarios que debían inscribirse en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía)”.
“Por consiguiente, quienes no se inscribieron, verán cómo se incrementa sustancialmente el monto de sus facturas de servicios”, alertó. Por otra parte, Castillo asegura que “las distribuidoras no contaron con el tiempo suficiente para recibir los padrones de usuarios, por lo que no tuvieron la oportunidad de comunicar a los mismos la nueva situación tarifaria, con el consiguiente incremento en los niveles de conflicto que va a generar esta situación”.
“Por si fuera poco, se generan otras situaciones no menos importantes, como la falta de tiempo necesario para la correcta adaptación de los sistemas de facturación para minimizar los márgenes de error”, agrega.
SITUACIÓN DE ALERTA
“Por los problemas expuestos, vemos con preocupación que muchos sectores que se encuentran en precariedad económica pueden perder el acceso a los subsidios, viendo de esta manera incrementada su factura de consumos eléctricos hasta en un 80 por ciento”, advierte el presidente de Fecescor.
Y prevé que, “ante la imposibilidad de hacer frente a ese costo, se puede producir un incremento en la mora que recae sobre las debilitadas finanzas de cada distribuidora cooperativa, que una vez más será la cara visible de decisiones que se toman a nivel nacional”.
Dado este contexto, desde la federación están impulsando campañas de concientización a los asociados para que conozcan y tomen conciencia acerca del costo que representará la energía con la quita de subsidios. Una de ellas es informar a los sectores que no realizaron el empadronamiento que todavía está vigente esa herramienta, para mantener el beneficio que les corresponda según su situación socio-económica.
REDUCIR EL IMPACTO
“Por otra parte, y tratando de aportar ideas que mitiguen el impacto económico en las alicaídas arcas de la población, sugerimos a las autoridades que revean los cargos impositivos, las tasas regulatorias y los cargos por obras que se aplican a las facturas de energía”, expresó Castillo.
Finalmente, explicó que “por tratarse de porcentajes proporcionales al monto de la facturación, se verán notoriamente incrementados de forma injustificada, engrosando el costo final y yendo en sentido contrario de lo que se quiere proteger”.