Un grupo de asociados de la Cooperativa CALF (Cooperativa de Agua y Luz de la ciudad de Neuquén) fueron recibidos en la Ciudad de Buenos Aires por las máximas autoridades del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tras denunciar una serie de irregularidades en la modificación del estatuto por parte del Consejo de Administración.
El ente, que se encuentra encargado de la reglamentación de los requisitos para la constitución, registro y fiscalización de entidades cooperativas, recibió en diciembre una solicitud de impugnación de la asamblea realizada ese mismo mes en la que se aprobaron las modificaciones. Según el grupo de asociados, imposibilitarían que se presenten otras listas que no sean de la conducción durante las elecciones.
En el medio de esta acusación, el reclamo por el tarifazo de Calf en conjunto con el municipio de Neuquén se profundizó y sigue su curso en la justicia. La comitiva que se reunió con representantes del Inaes sostuvo que las conversaciones se extendieron por más de dos horas.
«Se revisaron detalladamente los acontecimientos ocurridos en la cooperativa desde la Asamblea Extraordinaria del año 2016. En este lapso, se identificaron una serie de hechos viciados de nulidad procedimental, contrarios al estatuto y sin el respaldo de la ciudadanía», informaron a través de un comunicado.
El presidente del INAES expresó su disposición a revisar cualquier procedimiento que «no se ajuste a la normativa vigente» y les aseguró que la nueva gestión del instituto tiene «puertas abiertas» para atender demandas ciudadanas «en defensa del espíritu cooperativo». A la reunión también asistieron el contador Ruben Brouchy, Director Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, y el doctor Edgardo Risso, Director de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del INAES.
Los referentes de CALF presentaron información detallada sobre la nulidad procedimental y la violación del estatuto, que denunciaron en las presentaciones ya realizadas ante el INAES.
«El foco estuvo en revisar la legitimidad de la resolución 5265/23, así como las decisiones tomadas en la Asamblea Extraordinaria del pasado 17 de diciembre y sus posibles consecuencias antidemocráticas y contrarias a los principios cooperativos, especialmente en lo referente a los procesos electorales de las autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa», explicaron.