El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social extendió la suspensión de la Resolución 581/2020, que impacta directamente en el régimen legal y operativo de las cooperativas de trabajo. La medida busca dar continuidad a las consultas técnicas iniciadas con la Secretaría de Trabajo.
A través de la Resolución 1551/2025, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso una nueva prórroga de la suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución 581/2020, que había sido establecida previamente por la Resolución 218/2025. La suspensión se extiende por 120 días adicionales a partir del vencimiento del plazo original.
La norma suspendida dejaba sin efecto la Resolución 1510/94 del ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), lo cual generó un profundo debate en el sector cooperativo, especialmente en lo que refiere a las condiciones de registración, funcionamiento y vinculación laboral de las cooperativas de trabajo.
Según fundamenta la nueva resolución, la prórroga resulta necesaria ante la continuidad del proceso de consultas técnicas impulsado por la Presidencia del Directorio del INAES con la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esta instancia busca evaluar las implicancias legales y sociales de restituir la validez plena de la Resolución 581/2020, que había generado objeciones por parte de entidades del sector cooperativo y especialistas del ámbito laboral.
El organismo subraya que el análisis en curso “está estrechamente relacionado con el bienestar general y la seguridad jurídica”, además de impactar directamente sobre “las condiciones imperantes en el mercado de trabajo”.
El tratamiento de esta normativa adquiere especial relevancia en un contexto económico y social en el que las cooperativas de trabajo cumplen un rol clave en la generación de empleo y el sostenimiento de actividades productivas autogestionadas en todo el país. La normativa en debate regula aspectos centrales del vínculo entre los trabajadores y sus cooperativas, incluyendo criterios de registración, fiscalización y atribución de responsabilidades.
Por ello, el Directorio del INAES enfatizó en su resolución que “es obligación insoslayable de esta Administración garantizar la ejecución de todos los pasos y procedimientos necesarios para arribar a la solución que mejor responda a los intereses de toda la Nación”.
Un proceso en revisión con fuerte impacto sectorial
La prórroga de la suspensión refleja la complejidad institucional, jurídica y política del proceso de revisión del marco legal de las cooperativas de trabajo. Lo que está en juego no solo es un acto administrativo puntual, sino la definición de reglas claras, estables y consensuadas que garanticen seguridad jurídica para las organizaciones y condiciones dignas de trabajo para sus integrantes.
La decisión del INAES de continuar con el proceso de diálogo técnico y político indica que el desenlace podría traducirse en una actualización normativa integral del régimen cooperativo laboral. En este contexto, se espera que los próximos 120 días sean claves para alcanzar consensos duraderos que fortalezcan al sector cooperativo como motor de inclusión y desarrollo productivo.