El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dictó la suspensión preventiva y el inicio de sumario para 25 cooperativas de trabajo con sede en el Municipio de La Matanza. La medida se fundamenta en la presunta desnaturalización de la figura cooperativa y el incumplimiento de normativas laborales vigentes.
¿Por qué el INAES suspendió a estas cooperativas de La Matanza? Según la auditoría oficial, se detectaron prácticas que eluden la Ley N° 20.337 (Artículo 2), afectando los principios de ayuda mutua. El organismo identificó que estas entidades habrían funcionado como estructuras formales para evitar el cumplimiento de derechos laborales y previsionales.
¿Qué irregularidades laborales se encontraron? En un muestreo realizado sobre los asociados, se hallaron 119 trabajadores contratados que no percibían beneficios de seguridad social obligatorios. Según la Resolución 4664/13 del INAES, todas las cooperativas deben garantizar las aportaciones al régimen previsional, situación que no se cumplía en estas unidades.
La investigación arrojó un dato clave: las 25 cooperativas declararon como domicilio legal la calle Entre Ríos 3269, San Justo. Según el Ministerio, dicha ubicación corresponde a la Unidad Ejecutora Operativa, una dependencia directa del gobierno municipal. El sumario administrativo buscará determinar el grado de injerencia de los funcionarios municipales en la operatividad de estas entidades.
En respuesta a la medida del INAES, fuentes municipales de La Matanza aclararon que «la suspensión de las entidades no está vinculada con el funcionamiento dentro de lo que fue la Unidad Ejecutora Operativa”, al tiempo que remarcaron que la operatoria de dichas cooperativas no depende de ese espacio.
En relación a las supuestas irregularidades previsionales, indicaron que «el propio Gobierno nacional fundamenta la medida en aportes no realizados por un grupo de entre 119 y 129 trabajadores». Sin embargo, sostuvieron que «se trata de una responsabilidad individual de cada cooperativa y no de la Unidad Ejecutora municipal«.
Asimismo, explicaron que «el hecho de que varias cooperativas compartan el domicilio de la Unidad Ejecutora responde a una cuestión administrativa originada durante la implementación del programa Potenciar Trabajo, cuando los municipios actuaban como unidades ejecutoras«. En ese marco, «las entidades adoptaron esa dirección como referencia formal».
Desde el municipio también aclararon que «no existe un espacio físico único donde funcionen las cooperativas señaladas, ya que desarrollan sus actividades en distintos territorios, de acuerdo a las tareas que llevan adelante en cada comunidad«.
Por otra parte, cuestionaron el procedimiento adoptado por el organismo nacional al señalar que «ninguna de las cooperativas recibió notificación formal, intimación previa ni requerimientos de información antes de la aplicación de estas medidas, lo que —según indicaron— pone en duda el respeto al debido proceso«.