Escribe ROBERTO MOLINA
Se avecinan tiempos complicados para el cooperativismo, a partir del anuncio del gobierno en el sentido de que suspenderá la operatoria de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, y que le quitará la autorización a 12.000 cooperativas, que ya habían sido suspendidas en 2019. Concretamente, se anunció que se procederá a la depuración del padrón nacional de cooperativas.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. El funcionario indicó que el gobierno procederá a controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas. De acuerdo al Gobierno, la cantidad de entidades creció en forma desproporcionada los últimos años y sus registros presentan «innumerables irregularidades».
Desde el cooperativismo desmintieron al Ejecutivo y aseguraron que existen controles exhaustivos por parte del Estado y defendieron la creación de las unidades productivas como generadoras de empleo formal.
El vocero del sector solidario fue el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas, Federico Tonarelli (foto), quien advirtió que “quieren instalar la idea de que descubrieron un gran nicho de corrupción para, a partir de eso, avanzar con la destrucción del sector”. En ese sentido, explicó que es habitual que existan entidades que no hayan realizado el censo anual o que se hayan atrasado en la documentación ordinaria, pero que eso no implica que no se fiscalice o que amerite suspender a las cooperativas.
“Adorni tira una serie de números y de cosas que son graciosas. Por ejemplo, yo estoy asociado a dos cooperativas porque trabajo en las dos cooperativas. Así que eso es común. También es normal que sean registradas con la misma dirección. No todas tienen sede. Entonces se unifican y usan un mismo domicilio. En el Hotel Bauen, por ejemplo, había muchas cooperativas registradas. Una era la de Tiempo Argentino”, aclaró Tonarelli.
Por otra parte, el ex presidente del INAES, Alexandre Roig, cuestionó las suspensiones y defendió su gestión. «Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible», respondió Roig, citando el comunicado que emitió el Gobierno.
El ex funcionario explicó que entre 2021 y 2023 se implementó un mecanismo de control que brindó «datos sistematizados» que se cruzaron con el Ministerio de Trabajo, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Roig resaltó que los controles por parte del Estado «son necesarios para evitar abusos» y que entre 2021 y 2023 «se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas». Respecto a las acusaciones del Gobierno, indicó que buscan «distorsionar la realidad» y subrayó que «nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal».
Además, fustigó a Adorni por pretender «asustar, denigrar y despreciar» a los trabajadores y productores de la Economía Solidaria. «Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende de la libertad de emprender colectivamente», concluyó.