Increible: 33 falsas cooperativas, vinculadas al kirchnerismo, recibieron 5.000 millones de pesos…

Un grupo de falsas cooperativas, que en su momento fueron contratadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, no tenían capacidad para la confección de prendas. No tenían ni siquiera un taller de costura… Habrían cobrado sumas millonarias sin hacer el trabajo. Las reveladoras auditorías del INAES. Cooperativas vinculadas al kirchnerismo están siendo investigadas por lavado de dinero, en la causa Guardapolvos.

El gobierno nacional suspendió a varias cooperativas de trabajo, vinculadas a organizaciones sociales kirchneristas que fueron contratadas, en 2023, por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, para confeccionar guardapolvos para los sectores más vulnerables de la población.

La Justicia las investiga por presunto lavado de dinero. No tenían capacidad para desarrollar el trabajo. De hecho, cobraron la mayor parte del millonario contrato y no entregaron las prendas. Una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Marcelo Collomb, descubrió “graves irregularidades” en su funcionamiento.

Por ejemplo, utilizando su estructura formal, eludieron la normativa vigente para este tipo de cooperativas de trabajo, con prácticas que no se condicen con un trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado, y para beneficio exclusivo de ese grupo de personas.

En otras palabras, tenían a sus trabajadores, que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en situación de semi esclavitud y hacinamiento. Esto es lo que hacía el kirchnerismo con los pobres…

Según la auditoría, entre las entidades afectadas se encuentran la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio, la Cooperativa de Trabajo Solutex y la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas. Estas suspensiones fueron formalizadas a través de las resoluciones INAES 2187/24, 2188/24 y 2173/24, respectivamente.

La ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello y el titular del INAES, Marcelo Collomb aportaron datos claves a la justicia a través de varias auditorías. El estudio destaca que “la presidenta de la Cooperativa 15 de Julio, Paula Goroso, está vinculada a Martín Bordalejo, quien ha sido relacionado con sociedades off shore en investigaciones previas”, que se tramitan en el juzgado de Julián Ercolini.

El magistrado convocó a la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina para investigar un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la causa “Guardapolvos” en la que están involucradas un total de 33 falsas cooperativas que habrían recibido más de 5.000 millones de pesos del Estado para la confección de más de un millón y medio de esas prendas, pero que habrían entregado menos de la mitad y cobrado el 80% del total del dinero girado por el Estado.

En el centro de la investigación se encuentran la actual diputada Victoria Tolosa Paz, y el ex secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, ambos son investigados por presunta administración fraudulenta, entre otros delitos.

Según esos reportes, las cooperativas 15 de Julio, Solutex y General Mitre Manos Unidas tenían un elemento en común, en ellas aparece Mario Figueroa, quien actúa como síndico de las cooperativas Solutex y General Mitre Manos Unidas”.

La investigación afirma que “Figueroa, además de ser proveedor o cliente de todas las entidades involucradas, ha sido responsabilizado por emitir facturas apócrifas, lo que ha llevado a que su CUIT esté limitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

La auditoría del INAES, que fue presentada a la justicia, destaca que “en la práctica y, como se puede apreciar en cada uno de los expedientes, Figueroa parecería actuar como titular del órgano de administración o, podríamos decir, como dueño de las entidades, llegando, inclusive, a hacer referencias al cumplimiento del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, por parte de Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada, cuando formalmente no es ni autoridad, ni asociado de esa entidad”.

En la causa judicial se expresa: “La Cooperativa de Trabajo 15 de Julio contrató el 1º de febrero de 2023, antes de haber firmado el convenio con el ex Ministerio de Desarrollo Social, con Mario Figueroa, devenido posteriormente como síndico de las cooperativas de trabajo Solutex  General Mitre y Manos Unidas Limitada — ambas, con posterioridad, proveedoras de la entidad de referencia — la locación de un inmueble ubicado en la calle Ancaste 3303 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ello se hizo por un total de $21.675.000 que incluían un mes de garantía y otro de depósito por un total de $3.000.000, que se pagaron en su totalidad en el mes de agosto de 2023, según consta en los recibos emitidos por la entidad, alcanzando un total de $21.675.000.
El contrato tuvo como fecha de inicio el 1º de febrero de 2023 y de finalización el 31 de enero de 2024 y su finalidad habría sido producir allí los guardapolvos.

Para el INAES: “Esta situación es contraría a lo que la misma entidad acordó con la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas Limitada. Asimismo, a la fecha de la suscripción del contrato de alquiler de este inmueble, la cooperativa no contaba con fondos suficientes para afrontar siquiera un mes de alquiler”.

Los auditores también destacaron que “además, se observa que el pago del primer desembolso del alquiler se transfirió a Mario Figueroa por $ 9.125.000 y el segundo y el tercero, por valor de $9.900.000 y 2.650.000 se transfirió a Cobro Sur S.A., por indicación de Figueroa, de acuerdo con lo que ha informado la cooperativa, si bien Figueroa emitió recibo por los tres pagos. La actividad declarada ante AFIP de esta sociedad es la de servicios de agencias de cobro y calificación crediticia”.

La auditoría termina con la siguiente conclusión: “Por los motivos expuestos, no pareciera que esta contratación fuera necesaria para cumplir el convenio con el ex Ministerio de Desarrollo Social, lo cual sumado a la fecha en que fue realizada y la persona que actúa como locador hace que esta operación se la pueda definir como inusual y no realizada en provecho de la cooperativa”.

En las resoluciones del INAES que suspende las actividades de las cooperativas se precisa: “Esta utilización de las entidades surgiría prima facie como consecuencia del convenio que una de ellas, la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada, firmó con el ex Ministerio de Desarrollo Social para proveer al mismo de 165.000 guardapolvos por un monto total de $ 710.366.250 ya que, a tal efecto, subcontrató a la Cooperativa de Trabajo Solutex Limitada y a la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas Limitada, actuando la primera de ellas como proveedora de la materia prima (facturación según constancias de EX 2023-87228437-APN-MGESYA#INAES) y la segunda como proveedora del servicio de corte, confección y fabricación de los referidos guardapolvos, esta última a pesar de no poseer dicha actividad en su objeto social”.

Por esa razón, resalta el informe del INAES: “Resulta importante destacar que ninguna de las tres entidades podían exhibir, en forma previa al convenio con el ex Ministerio de Desarrollo Social y su vinculación comercial, actividad productiva alguna y mucho menos en la escala que se desprende del referido convenio. Ello se verifica en la información contable que consta en los expedientes”.

En las tres resoluciones del INAES, se resolvió suspender como medida preventiva la operatoria de las tres cooperativas e instruir sumarios. Esta documentación fue aportada a la causa bajo la dirección del juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

Según una auditoría del Ministerio de Capital Humano, de los 1.595.000 guardapolvos comprometidos, se entregó menos de la mitad, mientras que las cooperativas han cobrado casi el 80% de los fondos comprometidos.

Las cooperativas bajo sospecha son: Los Pitufos y 15 de Julio, de Quilmes; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, y Manos de Berisso. Otras entidades involucradas son: Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Pupore, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul.

La documentación que también aportó la cartera de Pettovello al juzgado describe un presunto “modus operandi fraudulento, donde las cooperativas, muchas sin la capacidad necesaria en maquinaria o personal, presentaron solicitudes de subsidios replicando un modelo del gobierno anterior. En la mayoría de los casos, estas solicitudes se realizaron con fechas posteriores a la obtención de precios de referencia del INTI para los guardapolvos”, lo que ha sido calificado como una “simulación fraudulenta”.