La prolongada disputa judicial entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), con operaciones en San Juan y Mendoza, y la firma española Eris LLC, dueña de la mina de oro Gualcamayo en Jáchal, tuvo un nuevo giro a favor de la cooperativa argentina.
En esta ocasión, la jueza Eleonora Arenas, del Primer Tribunal Penal Colegiado, anuló la prohibición de salida del país que pesaba sobre el presidente de Fecovita, Rubén Panella, y otros directivos clave, entre ellos Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda de Vaieretti, imputados por el delito de «saldo falso». La prohibición había sido impuesta por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Juan Ticheli, pero fue revocada por Arenas, quien consideró que la medida era arbitraria y desproporcionada.
El enfrentamiento entre Fecovita e Iberte se remonta a 2022, cuando un fallido contrato de consignación de vino y mosto en Europa desató una batalla legal que ya acumula demandas cruzadas por más de 30 millones de dólares, además de denuncias por estafa y solicitudes de quiebra.
UN CONFLICTO QUE HA SIDO
FUENTE DE INCERTIDUMBRE
Para los productores de uva en San Juan, que dependen en gran medida de Fecovita como compradora, este conflicto ha sido fuente de incertidumbre, con cada temporada amenazada por las dificultades financieras que enfrenta la cooperativa.
La prohibición de salida del país impuesta a los directivos de Fecovita, según la jueza Arenas, no se justificaba por un supuesto riesgo de fuga, lo que permitió a la cooperativa ganar una batalla en medio de una lucha legal de amplio alcance que abarca tanto el fuero penal como el comercial.
A pesar de la revocación, el conflicto está lejos de resolverse. La querella, encabezada por Guillermo García, ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y actual representante de Iberte, sostiene que la imputación por «saldo falso» sigue en pie, alimentando el litigio.
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Y EL FUTURO DE FECOVITA
La prohibición judicial había tenido un impacto tangible en las operaciones de Fecovita. Su presidente, Rubén Panella, no pudo cerrar importantes contratos de exportación de vino y mosto en mercados clave como México, Estados Unidos y Canadá, lo que representó pérdidas millonarias. Además, la cooperativa enfrenta otro desafío: la necesidad de defender su balance de 2023, cuestionado en el marco de esta batalla legal.
En el trasfondo del conflicto, la sociedad que ambas empresas formaron en su momento, Evisa, continúa siendo un punto de controversia. Iberte, que vendió sus acciones en Evisa, busca distanciarse de la responsabilidad en los problemas financieros de la extinta sociedad, mientras que Fecovita intenta centrar el conflicto en un desacuerdo comercial, no penal.
El empresario español Juan José Retamero, quien lidera Iberte y controla la mina Gualcamayo, también se ha visto envuelto en el conflicto. En medio de las disputas judiciales, Retamero ha adquirido propiedades clave en San Juan, como el predio de la ex bodega Cinzano, donde planea desarrollar un complejo urbano con departamentos, un centro comercial y oficinas. Estas inversiones han generado rumores de que Retamero podría estar interesado en adquirir Fecovita, lo que añade una capa más de complejidad al conflicto.
¿QUIEN PAGARÁ LOS COSTOS DE ESTA
PROLONGADA BATALLA JUDICIAL?
El conflicto entre Fecovita e Iberte sigue escalando en complejidad. Mientras que Iberte insiste en mantener la disputa en el fuero penal, argumentando la gravedad de las acusaciones por estafa, Fecovita sostiene que se trata de un conflicto de naturaleza comercial. La resolución de este litigio será clave no solo para las empresas involucradas, sino también para los productores vitivinícolas de San Juan y Mendoza, cuyas economías dependen en gran parte del resultado de este pleito.
La pregunta central sigue siendo: ¿quién pagará los costos de una batalla judicial que ya ha escalado considerablemente? Mientras tanto, la industria vitivinícola de la región observa de cerca, esperando que la justicia resuelva un conflicto que podría tener repercusiones significativas para la producción y exportación de vino en Argentina.