A través de su publicación en el Boletín Oficial, se conoció la Resolución UIF N° 99 /2023, que determina las obligaciones que mutuales y cooperativas deberán cumplimentar para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Se indicó que en la redacción del texto de esta medida participó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y que, además, se efectuó un intercambio (supuestamente de consultas) con las federaciones y confederaciones que nuclean a las entidades de la economía social.
Según se reveló, el objetivo fundamental de la reforma es la adopción del enfoque basado en riesgo, según el cual, los sujetos obligados deben identificar, evaluar y entender sus riesgos desde donde adoptar medidas para administrarlos y mitigarlos, a fin de prevenir de manera más eficaz el LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). –
A raíz de esto, se incorporan una serie de definiciones importantes relacionadas con prevención, tales como autoevaluación de riesgos, efectividad del sistema preventivo, políticas, procedimientos y controles, alertas orientativas que sirven de guía para los SO, así como también el establecimiento de reportes sistemáticos de cumplimiento mensual y anual, entre otras.
En función de la segmentación propuesta por el INAES, la normativa establece para los SO que realizan únicamente el servicio de gestión de préstamos o que otorgan préstamos personales mediante fondos provenientes de recursos propios y de cobro por deducción o recibo de haberes, la posibilidad de confeccionar el informe técnico de autoevaluación y su metodología, presentar la declaración de tolerancia al riesgo, el informe del revisor externo independiente y el reporte sistemático anual, cada dos años.
La Resolución UIF N° 99/2023 comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 11/2012.