El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda de Trelew por las irregularidades detectadas en la convocatoria a elecciones de delegados, que debían haberse realizado en agosto y están suspendidas por la Justicia. Pero en una resolución le pide al juez federal interviniente que disponga la intervención. Es decir, ahora un magistrado debe analizar el pedido del organismo y disponer los pasos a seguir.
La decisión del INAES fue firmada por la asesora legal del Instituto, la doctora María Verónica Falco, y ya está en manos de todas las partes en pugna. La cooperativa de Esquel, además, enfrenta una causa por fraude con la Mutual Aonikenk en la que está implicada.
El gobernador de Chubut, NachoTorres, anunció el pedido de intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, y fue contundente al advertir que la medida «es una oportunidad para mostrar, después de muchísimo tiempo, que las cosas se pueden hacer bien, y para que, quienes hicieron las cosas mal, paguen las consecuencias, como corresponde».
Asimismo, remarcó la intensión que tiene de crear un proyecto de ley para ordenar a las cooperativas, sobre todo a las más chicas de la provincia de Chubut.
Entre las irregularidades cometidas por las autoridades de la Cooperativa de Trelew, que marca la Resolución del INAES, se mencionan “la falta de convocatoria a asamblea para considerar el tratamiento de los ejercicios sociales cerrados al 2021, 2022 y 2023 dentro del plazo de cuatro meses posteriores al cierre. conforme a lo previsto en el artículo 47 de la ley Nº 20337 pese a habérsela intimado a remitir dicha documentación; el incumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la ley Nº 20337 y los artículos 5 y 6 del Reglamento para las Asambleas Electorales Seccionales al no haber exhibido los padrones con treinta días de anticipación y puestos a disposición de los asociados.
También se hace mención al cercenamiento de la participación en el acto eleccionario convocado para el 24 de agosto de 2024 de las listas opositoras utilizando el procedimiento de peritaje caligráfico contratado por el propio Consejo de Administración, el que no se encuentra contemplado en su Estatuto Social ni en el Reglamento Electoral; la suspensión del acto eleccionario convocado para el 24 de agosto de 2024 por sentencia judicial del 21 de agosto de 2024 emitida en el marco de la acción judicial de amparo instada por el señor Francisco Castagnoli — apoderado de la Lista Roja Nº 3 — y la prestación del servicio público de electricidad cuya concesión venció hace seis años”, detalla el organismo.