Ya transcurrieron más de dos meses de la firma del convenio del gobierno de la provincia de Buenos Aires con las cooperativas eléctricas, a través del cual Axel Kicillof se comprometió a acompañar el diálogo de las entidades de servicios públicos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), la empresa encargada de fijar los precios mayoristas de la luz.
Es que el Gobierno Nacional había habilitado una serie de embargos a las cooperativas de la Provincia por deudas con Cammesa, que no planteó ninguna instancia de negociación para los pagos y dejó a algunas entidades en una situación compleja. Sin embargo, dos meses es tiempo suficiente para que cambie la situación: el Ejecutivo frenó los ajustes, las cooperativas no pueden aumentar y, mucho menos, pagar sus deudas.
La situación fue explicada por el dirigente Luis Álvarez, de la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA): «La deuda con Cammesa tiene distintas situaciones, porque el año pasado hubo un acuerdo de tres patas, entre la Secretaría de Energía de la Nación, la Provincia y las distribuidoras, en este caso, cooperativas. Y luego de eso se firmó un acuerdo de pago por la deuda, pero quedaron cuatro cooperativas bonaerenses que no entraron al plan de pagos».
Álvarez reveló que «a una de las cooperativas se le aplicó el embargo, y a otras que sí firmaron el acuerdo pero seguían con deudas, empezaron a hacerles cauciones sobre algunas de sus cuentas, que eran del orden del 40 por ciento. Pero ahora esas cauciones quedaron suspendidas por la reciente resolución 58 de la Secretaría de Energía. Un ida y vuelta de no acabar.
Las entidades afectadas por los embargos fueron Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.
Desde la Cooperativa Eléctrica de Luján explicaron la compleja situación: «La resolución del embargo de Cammesa es de 6.500 millones de pesos, pero no abarca la totalidad de la deuda. Eso comprende el periodo septiembre de 2022 a enero del 2024. Pero además había otra deuda de 2.500 millones que se llegó a un acuerdo atado a una recomposición tarifaria que no ocurrió, por lo que en total hay un deuda de 9 mil millones de pesos».
La situación es seguida muy de cerca por el gobierno bonaerense y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC). De hecho, su presidente Gildo Onorato puntualizó que «la problemática reside en la manera en la que el gobierno nacional eligió resolver el tema, ya que en lugar de revisar la cadena de costos, aumentó tarifas y pretende ahogar a las cooperativas cobrando deudas generadas principalmente durante la pandemia sin dar posibilidad de financiarlas, poniendo en jaque a las cooperativas que son quienes terminan poniendo la cara frente a sus vecinos».
Onorato asegura que ante este contexto las cooperativas están en desventaja, ya que «el 80% de Cammesa tiene participación privada, mientras el 20% es del Estado. ¿Quiénes son las privadas? Las cámaras que reúnen a las empresas generadoras y que además tienen los mismos dueños que Edesur, Edenor y Edelap».
«Entonces — continuó el titular de IPAC –, la empresa cobra por la generación, también participa en el transporte (Cammesa) y en la distribución, y en cada una no como una cadena, sino como compartimentos por separado, por lo que cobran los mismos en tres ventanillas distintas».
El dirigente de APEBA intentó bajarle el tono al conflicto, aunque reconoció que la decisión del gobierno de Milei alteró las cosas: «No creemos que haya animosidad contra las cooperativas porque esto es con los deudores de Cammesa, sean sociedades anónimas o cooperativas, porque tienen necesidad de resolver la cuestión ya que el Gobierno Nacional dejó de depositarle los pagos. Entonces, Cammesa se esfuerza en cobrarnos para poder pagarle a los generadores de energía».
Onorato, por su parte, recordó que «en este contexto, las cooperativas propusieron que se les de la posibilidad de refinanciar las deudas para que ese cargo no caiga sobre los vecinos, clubes de barrio y Pymes, revisar los costos de generación y construir un Fondo Compensador de Tarifa Única».
Y reafirmó que «desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto desde el ejecutivo como el legislativo, nos comprometimos a acompañar a las cooperativas para que ninguna se quede atrás».
Álvarez reconoció finalmente que «con el gobernador Kicillof se firmó el convenio de acompañamiento y el IPAC también lo hizo de palabra, ya que el gran ajuste que se hizo en marzo nos volvió a la situación de diciembre. Y ahora se debería hacer un ajuste, que sabemos que al usuario no le gusta, pero es la única forma de poder mantener un buen servicio y honrar nuestras deudas, caso contrario va a ser difícil cumplir con los compromisos de pago a Cammesa».