Escribe ROBERTO MOLINA
En estos últimos dias, todos los medios de difusión de Argentina se ocupan de un tema que se convirtió en central: las cooperativas de piqueteros. Para analizar en profundidad este tema, lo primero que hay que preguntarse es si la tremenda cantidad de «cooperativas de trabajo» rápida y fácilmente conformadas en los últimos años, fueron legítimamente constituidas. Este tendría que ser el punto de partida para el inicio de una profunda y prolija investigación, si es que verdaderamente se pretende esclarecer debidamente este irregular proceso de conformación de estas entidades.
También se debe señalar que si este gran número dee cooperativas poseían todas sus respectivas matrículas otorgadas por el INAES, ha sido porque alguien de más arriba dio la orden al organismo nacional de control para que otorgara esas matrículas. Y en ese caso, el INAES solo se limitó a cumplir órdenes… Hoy no existe ninguna duda de que el tema de las cooperativas de piqueteros se ha convertido en un gran escándalo nacional.
FUERON UTILIZADAS PARA DESVIAR FONDOS
Lo cierto hoy es que la Justicia Federal está actuando en función de la justificada presunción de que algunas de las cooperativas manejadas por los movimientos sociales fueran utilizadas para desviar los fondos que les enviaba el Estado y que finalmente fueron utilizados para otros fines que ninguna relación tenían con la ayuda social a los más necesitados.
El ex secretario de Acción Social de la Nación, Emilio Pérsico, fue uno de los personajes que estaban de los dos lados del mostrador: fue funcionario nacional y desde esa posición favorecía a cooperativas que eran manejadas por él mismo. Ese barbudo dirigente está hoy siendo investigado y procesado por la justicia federal. Distintas cooperativas y asociaciones de piqueteros recibieron entre 2020 y 2023, durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, el equivalente a casi 300 millones de dólares, en función de transferencias discrecionales hechas desde el Ministerio de Desarrollo Social.
Los datos que se conocieron recientemente indican que en los últimos años llegaron a constituirse 33.800 cooperativas de trabajo, lo que indica que se estuvo utilizando esta figura jurídica para la instrumentación de acciones carentes de transparencia. Debe señalarse que en un momento, el INAES efectuó una depuración como consecuencia de que la mayoría de ellas no presentaron estados contables ni información asamblearia. Queda claro que fueron creadas para delinquir. Lo cierto es que se creaban cooperativas y luego de obtener la matrícula — en trámite muy rápido — a los pocos días ya recibían beneficios económicos por parte del Estado.
El presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fue en 2023 de 14.500 millones de pesos, destinando el 50% de ese monto a la entrega de fondos. En este organismo descentralizado a cargo de regular la actividad de cooperativas y mutuales, dependiente del flamante Ministerio de Capital Humano, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó, para el período 2020/2023, déficits en las fiscalizaciones, falencias en la evaluación de proyectos para la entrega de fondos, debilidades en el control de finalización de obras y proyectos, y ausencia de verificación de aplicación de los fondos otorgados a las entidades cooperativas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a comienzos de abril que “se suspenderá la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, porque son financiadas por todos los ciudadanos argentinos”, y se refirió a las irregularidades detectadas. Se oficializó así la suspensión de unas 10.000 entidades por incumplir con la actualización de sus datos y la presentación de documentación vinculada a la realización de asambleas y estados contables. Se instó, además, a otras 8500 a regularizar su situación.
Estos datos evidencian y ratifican la inacción de los funcionarios del INAES en el gobierno de Alberto Fernández. Surge también de las investigaciones que en las inscripciones de cooperativas se repiten domicilios y mails de contacto de las mismas personas.
Finalmente, cabe consignar que lo lamentable de todo lo aqui expuesto es que la figura cooperativa resultó seriamente deteriorada y la opinión pública asimiló la peor imagen de estas entidades de la economía social.